El abogado que representa al maquinista Francisco Garzón, que el 24 de julio de 2013 conducía el tren Alvia que descarriló en el barrio de Angrois, interpuso un recurso para que el juez que investiga el accidente cite a dos cargos de Adif que, según Manuel Prieto, son quienes “decidieron intencionadamente no cumplir la normativa” y “no realizar análisis y evaluación de riesgos” en el tramo que abarca la curva de A Grandeira.
El escrito adjunta parte de un organigrama del administrador de infraestructuras ferroviarias con el que Prieto identifica al director de operaciones e ingeniería de red de alta velocidad José Manuel Galindo y al subdirector de instalaciones de control de tráfico Juan Antonio Sánchez.
Útil y necesario
“Consideramos que resulta justificada, útil y necesaria la diligencia de investigación interesada, no solo para la citada defensa, sino también para la acusación, y entra de lleno en la cuestión del análisis de riesgos que actualmente se está investigando”, subraya el letrado.
En su auto del 1 de febrero, el titular del juzgado número 3 de Santiago, Andrés Lago, consideró que no se justificaba “la utilidad” del testimonio del director de obras de Adif al que ahora señala la defensa de Garzón.
Se refería a él como “el testigo/investigado no identificado”, por lo que Prieto replica ahora que tanto él como su superior están “plenamente identificados”, y le pide que se les llame en calidad de investigados o de testigos.
La dirección de obras hizo “caso omiso”, según relata el letrado de Garzón, de lo que deduce que “se decidió intencionadamente no cumplir la normativa Cenelec y no realizar análisis y evaluación de riesgos para el sistema de control, mando y señalización del tramo donde se encuentra la curva donde ocurrió el siniestro”. Y Cortabitarte, por su parte, lo “asumió, no imponiendo su criterio como director de
seguridad”.
El instructor de la causa, aceptó ya a principios de mes citar al gerente del área de seguridad del noroeste del administrador ferroviario, Fernando Rebón Sartal y al jefe de inspección de esta gerencia, José Antonio García Díez “para esclarecer defectos en la gestión de la seguridad y riesgos inherentes de la línea que en su día justificaron la imputación de Cortabitarte”.
