Los detenidos en Riveira por pesca ilegal declaran hoy en la Audiencia Nacional

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, tomará declaración este miércoles a los seis detenidos en la operación desarrollada en O Barbanza y A Coruña y en la que se les investiga por delitos de pesca ilegal en empresas vinculadas a Vidal Armadores. Aunque oficialmente no trascendieron sus identidades, los principales arrestos practicados fueron los del fundador de las sociedades, Antonio Vidal Suárez, y sus tres hijos, uno de los cuales es el actual administrador de la mayoría de empresas tras el cese de su progenitor. A ellos se sumó el yerno del armador, y se está especulando con la posibilidad de que el otro sea un trabajador con una alta responsabilidad en la compañía investigada.
Con el paso a disposición judicial de los detenidos se dará un paso más en este proceso abierto, para el que se declaró el secreto de las diligencias o actuaciones, que por ahora tuvo su máxima eclosión con los registros practicados por agentes de la Interpol y una unidad especializada en delitos medioambientales de la Guardia Civil (Madrid), con el apoyo de agentes del Seprona de A Coruña, Santiago y Noia. El resultado de las cuatro inspecciones realizadas bajo supervisión de secretarios judiciales dentro de esta operación, a la que se ha denominado “Yuyus”, fue la incautación de diverso material informático, documentación y teléfonos, que será analizado en la instrucción. Algunas fuentes consultadas indicaron que el delito de pesca ilegal por el que se les investiga también podría llevar aparejados otros de blanqueo de capitales y falsedad documental, pero que ya irían englobados en el otro.
La primera reacción a esta operación, con registros domiciliarios y detenciones, no se hizo esperar. El director ejecutivo de Oceana en Europa, Lasse Gustavsson, acogió con satisfacción el resultado de esta operación, que calificó de “redada histórica, sin precedentes”. De hecho, manifestó que era la primera vez que la Guardia Civil y la Interpol “unen sus fuerzas contra la pesca ilegal en una acción conjunta contra quienes la practican”. Agregó que este caso ya de por sí demuestra la gravedad de la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada como un delito medioambiental que, como tal, debería ser perseguido.
Gustavsson indicó que en diciembre de 2015 el Ministerio de Pesca confirmó la aplicación de sanciones administrativas a empresas por más de 17 millones de euros, “después de que una redada en empresas de Galicia demostrase sus conexiones económicas con los buques Kunlun, Yongding, Songhua y Tiantai, identificados en repetidas ocasiones en La Antártida pescando merluza negra de Patagonia con redes de enmalle y ondeando banderas de diferentes países y que figuran en listas negras internacionales de buques piratas”, precisó. Este directivo de Oceana concluyó que la operación supone un antes y un después en la lucha para erradicar esas prácticas ilegales en los océanos.