El juez De la Mata propone juzgar al PP por lucrarse con la trama de Boadilla

 El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a 27 personas y al PP como partícipe a título lucrativo por las actividades presuntamente ilícitas cometidas por la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Según especifica el magistrado en dos autos, el partido de la localidad tendrá que hacerse responsable civil subsidiario por una cantidad de 204.198 euros.
Los autos aseguran que las maniobras de los 27 acusados facilitaron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales. “El Partido Popular habría resultado beneficiado en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)”, sostiene De la Mata.
Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Entre los acusados se encuentran los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo o José Luis Izquierdo, además del exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, “El Albondiguilla”, el exconcejal José Galeote o el exdiputado del PP en Madrid Alfonso Bosch Tejedor.
Según las resoluciones, esta pieza separada alcanza la actividad desarrollada desde, al menos 2001 hasta febrero de 2009, por Correa y las sociedades integradas en su grupo en Boadilla del Monte “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de esa localidad”.
En los autos, el juez explica que las actividades de los imputados se dedicaban “tanto la obtención de contratos públicos para sus empresas y para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, como el apoderamiento directo de los fondos de las entidades públicas de este municipio”. Para ello, Correa impulsó la creación de un grupo, con la colaboración de Pablo Crespo.