Faraldo declarará como imputada por el caso de los contratos ilegales

  La exalcaldesa María Faraldo deberá comparecer este lunes en el Juzgado de Betanzos dentro de las diligencias previas por las supuestas irregularidades detectadas en la contratación de un profesor del Conservatorio Municipal Carlos López García-Picos.

La declaración de la actual portavoz popular, en calidad de imputada, da continuidad a la denuncia interpuesta por el exconcejal Javier de la Fuente, el funcionario Cristóbal Fraga y el propio Ayuntamiento de Betanzos, que en sesión plenaria de 7 de marzo de 2011 acordó poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el informe del secretario donde se advertía de posibles ilegalidades en el proceso de contratación de personal, en concreto, de un trabajador del Conservatorio de Música.

Con fecha de 21 de enero de 2011, la Secretaría Municipal emitió un informe jurídico sobre la situación del personal que en ese momento prestaba sus servicios a la administración local pero que no figuraba en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Betanzos. En el documento, el funcionario alertaba de irregularidades en los procedimientos de contratación y llamaba la atención sobre el caso de un exprofesor del Conservatorio de Música “que –recoge el expediente– hay que calificar como ilegal y darle un tratamiento específico”.

Reacción > El secretario instaba al pleno de la corporación a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y del juzgado, en tanto “tal actitud puede ser presuntamente constitutiva” de delitos “de falsedad en documento mercantil” o “prevaricación”, si bien Faraldo consideró al pleno “incompetente” para denunciar. Por ello, tras cuestionar el informe, la hoy imputada solicitó asesoramiento externo y a través del concejal Pablo Tomé aseguró ante el órgano municipal que no había habido “reparos ni advertencias previas”, y que en el momento en que se emitió el informe, “la relación contractual supuestamente ilegal ya no existe”.

El informe insistía en que “lo más significativo de este contrato” era el “fraude y presunto delito que se produce en el pago a las retribuciones que deberían componer el salario de este trabajador”, ya que el docente estaría cobrando mediante la expedición de facturas que él mismo elaboraba con periodicidad mensual, “por importes similares y en concepto de ‘mantenimiento y reparación de instrumentos”.

Para aclarar los pormenores de aquella contratación, la jueza instructora llama también a declarar como testigo al director de la banda de música y requiere al Ayuntamiento para que en el plazo de diez días entregue el expediente donde consta “el rechazo –del docente investigado– de la lista como profesor de música en el Conservatorio”.