Alcoa planta a Gobierno y sindicatos y los trabajadores coruñeses piden ya la intervención

Los representantes de Alcoa no acudieron finalmente a la reunión con los representantes del Gobierno central y las comunidades autónomas para evitar el cierre de sus factorías tanto en Avilés como en A Coruña y la pérdida de 686 empleos.

Aunque la multinacional nunca confirmó que asistiría, este desplante ha sido para el comité de empresa coruñés inaceptable. Su presidente, Juan Carlos López Corbacho, urgió al Gobierno a intervenir ambas factorías sin perder más tiempo: “Nosotros ya pedimos contundencia, y que se aplique ya la medida más drástica”.

De momento, sindicatos, autonomías y representantes del Ministerio de Industria redactaron en la misma mesa de la que estaba ausente el gigante del aluminio una “resolución de amparo”, tal y como la denominó Corbacho, para pedir que se tomen medidas extraordinarias. 

Desde que comenzó el conflicto laboral, hace poco más de un mes, el estamento político ha escenificado un frente unido contra el problema, pero de momento ha servido de poco. El presidente del comité coruñés recapituló: “Muchas declaraciones institucionales en el parlamento gallego, en el Congreso, todo el espectro político está de acuerdo en velar por la empresa y por el sector estratégico de futuro, que hay que anual el expediente, otra declaración institucional”. 

Para los trabajadores estos mensajes han sido positivos, “pero si todo el aparato político español está de acuerdo, y si el partido político está de acuerdo, y si la empresa anda vacilando a  todo el mundo con su prepotencia hay poco que esperar: hay que  poner la legislación en marcha”. Según Corbacho, “no podemos permitir que Alcoa haga el escarnio, arrasando comarcas enteras y aniquilando la producción de aluminio que es un sector de futuro”. 

Que se cumpla la ley 
Por eso pide que se aplique la se aplique esa medida “Solo estamos pidiendo que se haga uso de la ley”, reclama Corbacho. No se trataría de una intervención permanente, recalca, sino una forma de controlar un período de transición de cara a una “desinversión organizada”. Ese es el mensaje que transmitió nuevamente ayer a la Dirección General de Trabajo que, de momento, no ha querido no ha podido tomar medidas coercitivas contra Alcoa. 

El portavoz de los 370 trabajadores coruñeses se mostró muy crítico con la actitud de Alcoa, a la que acusó de actuar “con alevosía y nocturnidad y tratando de hacer todo el daño posible”, en referencia a que no habría respetado el período previo de deliberaciones antes de poner en marcha el ERE, que es el principal argumento de su denuncia del proceso ante los tribunales holandeses. Pero el resultado de la vista del lunes no se conocerá hasta el día tres y el proceso del ERE finaliza este mes, así que el tiempo corre. 

Corbacho opina que si ocurre lo peor, habrá que aplicar retroactividad al proceso, por eso pide que se aplique una medida cautelar que impida que la empresa ejecute un proceso al que luego hay que dar marcha atrás. “Pero luego no vas a reparar los daños morales de los trabajadores y de sus familias”, manifestó el portavoz del comité.