Un sindicalista se enfrena a cuatro años de cárcel por los disturbios en la huelga de complejos deportivos

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El Ideal Gallego-2011-06-29-008-d710e2ada.b. > a coruña
  Un delito contra los derechos de los trabajadores y una falta de daños podría costarle una condena de hasta cuatro años de prisión y 3.780 euros de multa al secretario de organización de Servicios de la CIG. La denuncia que le llevará a juicio el próximo 14 de julio deriva de los altercados que se vivieron el 19 de enero del año pasado en el complejo deportivo municipal de A Barcala durante las protestas del personal de los complejos deportivos. Según la Fiscalía, el sindicalista intentó por la fuerza impedir que algunos de los trabajadores realizaran en aquella jornada sus tareas, violando así el derecho de no hacer huelga. El escrito de acusación sitúa los hechos en torno a las once de la mañana, cuando un piquete formado por unas veinte o treinta personas se personó en el pabellón deportivo y realizó una pintada en el exterior del recinto en la que podía leerse: “Pechado por folga. Convenio”. Señala el fiscal que el acusado formaba parte del grupo, y que fue una de las personas que se movilizaron cuando un trabajador comenzó a tomar fotografías de la pintada.
Se fueron, según esta versión de los hechos, hacia la entrada del centro, y cuando el administrador trató de contener el acceso del piquete, el procesado lo cogió de la pechera al tiempo que le preguntaba por “el de la cámara”.
Ya en el interior, y siempre siguiendo el relato que ofrece la acusación pública, el miembro de la CIG arrojó al suelo un extintor que se encontraba colgado y lanzó una bengala hacia el pasillo de las duchas.
Los daños que se causaron han sido tasados en 95 euros, y el Ministerio Público reclama que sea n reembolsados. También solicita, por la falta de daños, que el líder sindical permanezca 12 días en situación de localización permanente.
Por el delito, el fiscal lo encuadra en el artículo 315 del Código Penal, que castiga a aquellos que “mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”. Para este caso, pide penas más severas por realizarse las supuestas coacciones en grupo y haciéndose uso de la fuerza o la intimidación.

Un sindicalista se enfrena a cuatro años de cárcel por los disturbios en la huelga de complejos deportivos