11º-23º
sábado | 20 abril | 2024
La Audiencia Nacional confirmó la fianza civil de 7,02 millones de euros impuesta al exdirectivo de Novacaixagalicia (NCG) Javier García de Paredes, quien había solicitado que se le rebajase en 2,4 millones, ya que considera que hay “indicios suficientes de responsabilidad criminal” contra él, informó Efe.
En un auto, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal rechaza el recurso contra la fianza interpuesto por el ex director general adjunto de NCG, imputado por administración desleal y apropiación indebida por las supuestas irregularidades en la indemnización millonaria que cobró por dejar la entidad.
La Audiencia Nacional asegura que existen indicios de criminalidad contra el acusado
La fianza de García de Paredes es la más alta de las dictadas contra los imputados en el caso por el juez Ismael Moreno y el exdirectivo la recurrió en base a que, de los 5,26 millones que cobró de indemnización, unos 2,4 millones corresponden a la retención fiscal que aplicó la Agencia Tributaria y que nunca llegó a percibir.
La sala recuerda que fijó la fianza en base a un informe de la Agencia Tributaria en el que se decía que debía devolver 5,1 millones correspondientes a salarios entre julio de 2012 y enero de 2025 que no tenía que haber cobrado anticipadamente, así como 100.000 euros de una “compensación bruta especial” que no tenía el visto bueno del Banco de España. A esas dos cantidades, el juez le sumó el tercio que establece la ley, unas cifras que constituyen la fianza y que la sala avala ahora.
declaración
García de Paredes también alegó en su recurso la declaración como testigo del presidente de Novagalicia, José María Castellano, quien dijo al juez que en este caso no existen perjudicados y que por tanto “nada hay que afianzar”, así como que el Banco de España tuvo conocimiento del contenido de su contrato y su eventual extinción.
La Sección Segunda cree en cambio que la fianza civil es adecuada, dado que hay “indicios” de criminalidad contra el exdirectivo y que ninguna de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento los ha desvirtuado.
Para la sección, aún se sostienen las sospechas de que los querellados procedieron “con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia, a disponer fraudulentamente de bienes de la misma”.
Todo ello lo hicieron “ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia y el FROB”.
