El Ayuntamiento aprueba un modificado para garantizar las 243 rentas sociales

El pleno municipal aprobó ayer, tal y como estaba previsto, un modificado de crédito de casi 3 millones de euros –2.997.473,27 euros– para hacer frente, entre otros asuntos urgentes, a las rentas sociales y a las ayudas de emergencia social. Todos los grupos votaron a favor excepto el PP, que se abstuvo argumentando que esta partida llega con retraso, ya que se trata del segundo modificado en tres meses y “en el de mayo no hubo ni un euro para Renta Social a pesar de que sabían que no iban a llegar”, indicó la edil Rosa Gallego, que también justificó su decisión ante la ausencia de una partida para el plan de choque de limpieza.

El portavoz socialista, José Manuel Lage Tuñas, explicó que, de enero a agosto, se concedieron 1.424 ayudas de emergencia social, por lo que “con este acordo vamos a poder de entrada darlle resposta a 553 que entraron no mes de setembro como solicutude; non son números, son persoas e como estamos centrados nas políticas para as persoas por iso actuamos con rigor”, aseguró, al mismo tiempo que le recomendó a los populares pasar “páxina no calendario porque se quedou antes do 28 de maio –día en el que se celebraron las elecciones municipales–”.

En concreto, ayer se dio luz verde a tres créditos extraordinarios y a 14 suplementos de crédito, siendo 417.000 euros los destinados a las 243 rentas sociales existentes y otra partida de 240.000 euros para Emergencia Social –se concedieron 1.442 ayudas y está previsto que se paguen un total de 554 nuevas correspondientes a este mes–.

Lage Tuñas quiso recordar en la sesión que la “falta de previsión” impidió que las partidas para estos recursos se incluyesen en el modificado de crédito que Marea presentó antes de las elecciones, por lo que demandó hacer “previsións realistas das contas”. Asimismo, respaldó el trabajo “impecable” de la concejalía de Bienestar Social y echó en cara al anterior Gobierno local que quedase un 96,4% de los presupuestos participativos sin ejecutar.

Marea Atlántica aprovechó la ocasión ayer para felicitarse por los tres años que cumple la Renta Social y criticó que este modificado llegue “104 días despois da investidura de Inés Rey como alcaldesa e case 40 desde que a Marea fixo a primeira denuncia pública no mes de agosto; os gobernos teñen 100 días de graza pero a pobreza non perdoa unha soa noite”, indicó el viceportavoz, Iago Martínez.

Con todo, el edil destacó la “urxencia” de esta partida, por lo que dio su apoyo a la propuesta pero recordó que el problema de los impagos de las rentas sociales es debido al “bloqueo aos orzamentos 2019, cos votos sumados de PP e PSOE”.

Asimismo, Martínez le pidió más “humildade” al Gobierno local en relación al trabajo llevado a cabo por el área de Bienestar Social, indicando el problema surgido también en el pago de las becas comedor –el PSOE lo justificó con la tardanza a la hora de sacar la convocatoria–.

Falta de previsión 
El portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, también criticó la falta de previsión del anterior Gobierno municipal en el pago de la Renta Social y criticó al actual por no haber sido “máis áxil á hora de resolver esta situación”.

El edil nacionalista puso el acento en que en los estudios previos realizados antes de implantarse este recurso se estimaba que “sería necesaria unha dotación” económica de 3 millones”, lo que supone tres veces más del presupuesto para 2018. “Nos exercicios sucesivos esta partida foise recortando significativamente”, indicó Jorquera.

Asimismo, echó en falta en este modificado la inclusión del Plan de Inclusión Social, contemplado en el acuerdo de investidura entre PSOE y BNG de junio, para tener un conocimiento “real da situación e das necesidades” y criticó que, en el capítulo de bajas, el Gobierno local rebajase la partida destinada a la concejalía de Participación Ciudadana.

En la sesión de ayer se dio luz verde también al crédito extraordinario por más de 1.600.000 euros para BiciCoruña, asunto al que se refirió Ciudadanos (Cs) alegando que las estaciones y las bicicletas deben pasar a formar parte del patrimonio municipal y solicitando más aparcamientos privados para este vehículo, así como una mejora sustancial del “pésimo trazado” del carril bici.

Asimismo, en relación a los 100.000 euros destinados a gastos postales de multas de tráficos, la concejala de la formación, Mónica Martínez, pidió “revisar antes por que se poñen”, indicando el problema de falta de aparcamiento en la ciudad y el fallo continuo de las máquinas que controlan la ORA. “Temos que estar ao lado do cidadán, non enfrente”, aseguró Martínez.