El Comité Electoral de las primarias de En Marea defiende que las personas acusadas de acceder de manera ilícita al censo del partido instrumental estaban autorizadas a consultar el registro de inscritos en la organización en virtud del reglamento aprobado en el plenario del 27 de octubre.
Ayer, cinco miembros del Comité Electoral, en el que el sector crítico con la dirección que encabeza Luís Villares tienen mayoría, acusaron a a la coordinadora de En Marea (equivalente a la ejecutiva en un partido clásico) de actuar con intereses “de parte”, “entorpecer” el proceso y tener “secuestradas” las primarias.
Así, el comité afirma que los reglamentos del proceso establecen que tiene “plenas” competencias sobre el proceso de primarias y, por lo tanto, está autorizado a acceder al censo. Mantienen que las tres personas del comité seleccionadas para controlar el censo firmaron un documento de confidencialidad que fue facilitado por la propia coordinadora, por lo que entienden esto como una autorización “de facto” para que miembros del comité electoral accediesen al registro de personas inscritos.
Asimismo, aseguran que las primarias, paralizadas desde el día 1 de diciembre por la existencia de presuntas “irregularidades”, podrían reanudarse este fin de semana si se subsanan las deficiencias del proceso que motivaron la suspensión cautelar de las votaciones dictada por la Comisión de Garantías y se implementan las condiciones de seguridad adicionales.

Cuatro accesos
Las auditorías conocidas el lunes revelan que desde cuatro direcciones IP se accedió sin garantías al censo de la formación aunque no hubo variación en él, lo cual desde la coordinadora consideran irregular y desde el Comité ven totalmente legal y conforme a los acuerdos del plenario.
Tras conocer estos datos, por tanto, la Coordinadora solicitó la revocación de las tres personas a las que desde el Comité se permitió acceder al censo –Martiño Ramos, Pablo Nieves y Raquel Bermúdez– aunque, de las cuatro direcciones que accedieron al mismo, solo dos pertenecían al Comité Electoral.
La Comisión de Garantías decidirá si inicia esta revocación, a la que en todo caso los miembros del Comité se niegan porque entienden que no hicieron “nada” irregular.
Según su versión, para acceder al censo “se hicieron todos los requerimientos que la coordinadora demandó” y se dio cumplimiento a todas las cláusulas marcadas, limitando su entrada al sistema a un “acceso puntual y momentáneo, en aras de su labor de consulta y control”.
Mientras, el cabeza de lista de “Entre Todas” –candidatura del sector crítico–, David Bruzos, cargó contra Luís Villares y la coordinadora del partido instrumental, a los que acusa de adoptar “decisiones”, como la paralización de las primarias, a modo de “cortina de humo” para “impedir” que se celebren las primarias. Así, reconoció que “en la medida en que no se vote, parece evidente que va haber una ruptura”. “Tememos que lo que está haciendo la actual coordinadora sea demorar los tiempos”, zanjó.