11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El Tribunal Supremo confirmó ayer la condena a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de 6,6 millones de euros que tendrá que devolver por cobrar comisiones ilegales a través del Palau de la Música, pero rebajó sensiblemente la prisión al extesorero del partido Daniel Osácar.
En la sentencia, la Sala de lo Penal del alto tribunal ratifica las penas contra los principales implicados en el caso Palau. Estas son 9 años y 8 meses de prisión y multa de 4,1 millones de euros, a quien fue máximo responsable de la institución Félix Millet; y 7 años y 6 meses de prisión y multa de 2,9 millones, al también exresponsable de la misma entidad Jordi Montull.
Devolución de 23 millones
Además, ambos deberán devolver 23 millones a las estructuras del Palau (Consorci, Fundació y Associació), cuyos fondos desviaron en provecho propio.
Sí que rebaja el Supremo las condenas a la exresponsable financiera del Palau Gemma Montull, hija de Jordi, que pasa de 4 años y 6 meses de prisión a 4 años con multa de 2,6 millones de euros; y al extesorero de CDC Daniel Osácar, de 4 años y 5 meses de prisión a 3 años y 6 meses con multa de 3,7 millones.
El Tribunal Supremo le rebaja la pena al absolverle del delito de tráfico de influencias, porque “no consta acreditado que por obra adjudicada, siendo el recurrente tesorero de CDC, Ferrovial abonara comisión”.
“Aunque -añade el tribunal- sí consta que en esa condición hizo llegar a Convergencia, con maniobras de diversa índole, entre las que se encontraban la mendacidad documental, que además ocultaban su origen, las comisiones que abonaba de modo aplazado Ferrovial, por obras adjudicadas con anterioridad a ser nombrado tesorero”.
El Supremo, en sentencia de 440 páginas de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo, mantiene el resto de condenas de prisión: 2 años al abogado Raimón Bergós, 1 año y 9 meses al abogado Santiago Llopart y 8 meses al asesor fiscal Edmundo Quintana.
Los otros cinco condenados por la Audiencia de Barcelona (con penas de entre 8 meses y 1 año y 9 meses), que eran empresarios, no recurrieron sus condenas al Supremo. Sí que lo hizo CDC, que forma parte del PDeCAT, aunque la sentencia no especifica si este deberá asumir la deuda.
