10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El Gobierno gallego aprobó la última norma pendiente del paquete de “impulso democrático” comprometido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo: la ley que regulará la asistencia jurídica a empleados públicos y a autoridades de la Administración autonómica con conflictos en los tribunales y que hasta ahora se regían por una norma de 1984.
Entre las principales novedades de la ley se encuentra la cobertura de “vacíos legales” y la introducción de que sea la Asesoría Xurídica de la Xunta –y no solo la consellería de la que dependa el empleado público o cargo en cuestión– la que decida si el imputado es finalmente defendido. Además, si éste perdiese el pleito deberá abonar los gastos generados en el proceso.
Hasta el momento en la Administración gallega la decisión acostumbra a partir del departamento en cuestión, aunque la última palabra la suele tener la Asesoría Xurídica, que decide si veta o no una defensa. Ahora quedará regulado por una ley que, además, rechazará la defensas de cualquier empleado público o cargo en cuya actuación haya “indicios” de que ha actuado “contra los intereses de la administración”.
Si la defensa se autoriza y dichos indicios aparecen una vez que ya ha avanzado el procedimiento, podrá ser “revocada” en cualquier momento. Según había avanzado Feijóo en la presentación de esta norma, si se niega la defensa a un empleado público o autoridad por una actuación en el ejercicio de sus funciones y éste resulta absuelto, también deberá ser indemnizado por la Administración autonómica.
El anteproyecto de ley fue remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que emitió informe favorable sobre la norma. Según la Xunta, consideró un acierto la adaptación d ella ley a los principios de racionalización y mejora de la calidad normativa, y resaltó el “compromiso” de la comunidad con mantener un marco normativo “estable y simplificado”.
El texto está dividido en cinco capítulos en los que, al margen de abordar la defensa de empleados públicos y autoridades que vayan a juicio, se aborda el papel “fundamental” de la Asesoría Xurídica como “órgano de control de legalidad” de las normas, contratos, convenios, subvenciones y otro tipo de expedientes.
Además, este control de la legalidad que ejerce el personal letrado se extiende al sector público autonómico para que los entes instrumentales estén sujetos al mismo grado de supervisión y de rigor que la Administración xeral.
Feijóo insistió ayer que también se desarrollará el principio de autoprovisión, de acuerdo con la premisa de “no contratar fuera aquello que se puede prestar con medios propios”.
