11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto de medidas urgentes para evitar un nuevo incremento de la factura eléctrica, una reforma que conllevará recortes a la retribución de las actividades reguladas y cambios en las primas a las renovables, y con la que se prevé ahorrar entre 600 y 800 millones.
Además, se ha remitido al Consejo de Estado un proyecto de ley de crédito extraordinario por valor de 2.200 millones de euros para hacer frente a los posibles desfases que se registren a lo largo de 2013 en relación a las primas al régimen especial (renovables y cogeneración), con el fin de que estos no se traduzcan en subidas de la luz.
El crédito será otorgado al Ministerio de Industria y, una vez aprobado por el Consejo de Estado, se tramitará como proyecto de ley, explicó el titular del ramo, José Manuel Soria.
“El objetivo es que no se encarezca la tarifa eléctrica ni para los hogares ni para las empresas”, afirmó Soria, quien explicó que la parte del crédito que se use computará como déficit público. El real decreto ley, apuntó, incluye dos medidas de carácter regulatorio.
La primera, con la que se prevén ahorros de entre 330 y 340 millones de euros, pasa por cambiar el método en virtud del cual se revisan anualmente las retribuciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico: transporte, distribución, sistemas extrapeninulares y primas al régimen especial.
inflación subyacente
Hasta ahora, estas retribuciones se actualizaban en función del IPC mientras que “a partir de hoy”, según Soria, se hará en base a la inflación subyacente –aquella que no recoge la evolución de los precios de los productos energéticos y alimentos frescos– y “a precios constantes” para evitar la repercusión de los impuestos indirectos mayores.
Esta modificación, afirmó, no supone “cambiar las reglas del juego”, sino racionalizar el modo en el que se actualizan dichas retribuciones.
El segundo de los cambios, con el que se prevén ahorros de entre 250 y 500 millones, afecta al real decreto 661 de 2007 que permitía a los productores del régimen especial elegir en todo momento entre percibir una tarifa regulada fija o el precio de mercado más una prima.
Esta posibilidad hacía que las empresas se acogieran a la segunda de las opciones cuando el precio de mercado estaba alto y a la primera cuando estaba bajo, lo que, a su vez, se reflejaba en el precio de la luz. Ahora deberán decidir si, para el conjunto de los años de funcionamiento de la instalación, desean tarifa regulada o, por el contrario, ir al mercado sin prima, explicó Soria.
Por su parte, la Asociación Eólica de Galicia expresó su rechazo a las nuevas medidas aprobadas ayer para el sector, por entender que “ponen en grave riesgo” su supervivencia y que privan a las empresas eólicas de “una rentabilidad razonable”.
