Jueces critican a la portavoz de Santiago y apoyan a magistrada en el proceso

El concejal de Deportes del ayuntamiento de Lugo, Adrián Varela, a su llegada a los juzgados de Lugo para declarar ante la magistrada instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara, después de su imputación por la presu
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La Junta de Jueces de Santiago ha expresado hoy su apoyo a la titular del juzgado de instrucción número 1 de esta ciudad, Ana López-Suevos, ante quien están llamados a declarar como imputados siete ediles del PP del Ayuntamiento compostelano, y ha lamentado las críticas de la portavoz del Gobierno local, María Pardo, a esta decisión.
Siete ediles del PP de Santiago fueron imputados por un delito de prevaricación por haber aprobado en junta de gobierno local el pasado mes de mayo una resolución para que el Ayuntamiento costease la defensa del edil Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon.
Los imputados son la portavoz, María Pardo, y sus compañeros de gobierno municipal Juan de la Fuente, María Castelao, José Luis Bello, Amelia González, Cecilia Sierra y Francisco Noya.
Todos ellos han sido citados a declarar el próximo 19 de diciembre en el juzgado número 1 de Santiago.
La Junta de Jueces se ha reunido hoy y a ella han asistido los titulares de los seis juzgados de primera instancia, de los de instrucción 2 y 3, de lo social 1 y 2, de lo contencioso-administrativo 1 y 2, y los titulares en comisión se servicio de los juzgados de lo social y de lo contencioso-administrativo.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha facilitado el acta de esta junta, en la que se muestra apoyo expreso a la jueza y también su "rechazo" a las declaraciones de la portavoz del Ayuntamiento, María Pardo, en las que "acusaba" a la titular del juzgado de instrucción número 1 de "hacer política desde la justicia y de persecución política" contra la corporación.
"Consideramos -dice el escrito de los jueces, que será remitido a la sala de Gobierno del TSJG- que dichas acusaciones, carentes del más mínimo fundamento, entran de lleno en la esfera del insulto y la descalificación".
También son "impropias de un responsable político y de una sociedad democrática en la que el respeto institucional entre los distintos poderes debe ser uno de los principios que la rija".
Igualmente, los jueces entienden que la "descalificación personal de un juez por el mero hecho de no compartir el criterio de sus resoluciones denota poco respeto por el principio de la separación de poderes".
La junta de juces considera "curioso" que una magistrada que investiga una denuncia presentada por la Fiscalía sea acusada de persecución política, cuando hace precisamente apenas una semana había decidido archivar una denuncia presentada contra miembros del mismo Ayuntamiento.
Finalmente, los jueces compostelanos expresan su adhesión a la petición de agilidad en los procedimientos judiciales que han hecho responsables políticos locales, que se debe "generalizar a todos los procedimientos que afectan a los ciudadanos".
Para ello resulta "imprescindible" la dotación de medios materiales y humanos, lo que los jueces llevan años demandando pero, "en vez de ser incrementados, son recortados año tras año.

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