Las irregularidades e infracciones medioambientales o urbanísticas dejarán de quedar impunes, según el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. Para ello, su intención es reorganizar la vida burocrática y conseguir así que las multas que se impongan se cobren.   
“Si la Policía Local multa a alguien por algo así, no se cobra porque no se resuelve el expediente. Estamos dando un mal ejemplo”, expone el mandatario local. En estas sanciones irían incluidas desde la falta de limpieza de fincas hasta vertidos, pasando por construcciones que no tengan licencia o no se ajusten al proyecto.
Para lograr esta meta, la organización planteada por el Ayuntamiento es que el departamento de Disciplina Urbanística incluya ahora los expedientes de Medio Ambiente. De esta unión saldrá un área compuesta por un asesor jurídico, dos técnicos y dos inspectores medioambientales.
En este sentido, explican que en la actualidad hay 400 expedientes sin resolver y el problema es que algunos caducan sin que se haya dado una respuesta. Además de la ilegalidad en cuestión, el Ayuntamiento subraya que se han podido perder hasta 200.000 euros en sanciones.
Quedarían así coordinadas las áreas de Obras, Servicios, Medio Ambiente y Urbanismo. A este punto hay que sumar que el organigrama incluye un área de servicios generales (en los que se incluirían los técnicos generales de administración que quiere contratar el gobierno local) y que darán servicio a los tres departamentos, ya que algunos expedientes están interrelacionados.

Organización > Además de los dos técnicos generales, Calvelo quiere convocar otras cuatro plazas. Una propuesta que no terminó de convencer a Intervención, al entender que se podía incumplir el decreto de medidas urgentes y que prohíbe a las administraciones nuevas contrataciones salvo en casos excepcionales. También ponía en duda el método de contratación expuesto por el gobierno local que hablaba de libre designación o concurso en el caso del vicesecretario.
“Elegiremos uno u otro proceso según la plaza que decidamos convocar: un coordinador general o un vicesecretario. En este último caso, al ser un habilitado nacional quedaría fuera del decreto”, tampoco descartan que los puestos se cubran por promoción interna.
Manifiesta que frente al informe de Intervención, hay una respuesta de la técnico de Personal que acredita que las plazas “se ajustan escrupulosamente” a la legislación. Sobre la posible impugnación por no presentárselos a los sindicatos antes que a la oposición, Calvelo explica que “no existe marco legal que establezca el hecho de que la audiencia a los órganos sindicales se tenga que producir con anterioridad”.