Los alcaldes de los dieciséis ayuntamientos del Partido Judicial de Betanzos (Aranga, Betanzos, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza-Cesuras, Paderne, Vilarmaior y Vilasantar; Abegondo, Bergondo y Sada; Monfero y Pontedeume, y Sobrado dos Monxes), convocados por el betanceiro García Vázquez, se reunieron en la capital brigantina para analizar las consecuencias que puede tener para la comarca el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado el día 4 por el Gobierno del Estado y mostrar su “preocupación” por la posible supresión del partido judicial y de los jueces de paz en los distintos municipios, de las comarcas de Betanzos, A Coruña, Eume y Terra de Melide).
Según indicaron fuentes municipales, los asistentes coincidieron a la hora de mostrar su malestar por los problemas que conllevaría cualquier cambio, “primero por la desaparición de un servicio próximo a los vecinos, y segundo por lo que supone desde un punto de vista económico, con mayores desplazamientos e incomodidades”, resumió Ramón García Vázquez.
Los mandatarios que se desplazaron este miércoles hasta la ciudad anunciaron que seguirán manteniendo nuevas reuniones informativas con el fin de que “ante los pasos que se puedan ir dando en las próximas semanas” mantener una postura “firme” para exigir el mantenimiento del Partido Judicial de Betanzos.

Consecuencias
José Ramón García Vázquez, que agradeció la asistencia a la reunión, adelantó que continuará su ronda de contactos y conversaciones con otros municipios afectados y que en estos momentos, como Betanzos, disponen también de partido judicial, y que dará traslado del acuerdo alcanzado durante el último pleno por el PSdeG-PSOE, el BNG y el representante de CxB (Cidadáns or Betanzos), Pedro Gómez Patiño, en el que se exige al Ejecutivo de Rajoy “el mantenimiento del actual Partido Judicial de Betanzos, el número 1 de A Coruña”.
La administración local volvió a llamar la atención sobre “la importante afectación que la propuesta que maneja el Gobierno del Estado tendrá en las actuales sedes de los partidos judiciales desde un punto de vista económico y, en especial, por lo que representa para los vecinos de los ayuntamientos que forman parte de ellos, a los que se les ‘castiga’ poniendo más trabas a la hora de acceder a sus derechos, y obligándoles a recorrer largas distancias”, precisó García.