11º-18º
martes | 7 mayo | 2024
El rector del seminario menor de Santiago, Manuel Ferreiro Méndez, negó haber firmado el contrato de trabajo presentado por la defensa del electricista Manuel Fernández Castiñeiras, el acusado de robar el Códice Calixtino de la Catedral que preside la Plaza del Obradoiro.
En el documento expuesto en la sexta sesión de la vista oral, sí figura la rúbrica supuestamente suya, del tiempo en el que estaba al frente del seminario mayor, y un sello, pero este testigo señaló ayer que él no estampó su signatura para hacer fijo a este operario que prestó sus servicios como autónomo durante años en el templo gallego.
“Yo no hice ese contrato, yo no firmé ese contrato y yo no quería saber nada de ese contrato”, enfatizó en el juicio y señaló que el acusado sí que pretendía que firmase, pero él nunca llegó a hacerlo, además de especificar que de los contratos se encargaba una gestoría.
Fernández Castiñeiras, que siempre mantiene la vista fija en el suelo, levantó ayer la cabeza para hablar con su letrada, Carmen Ventoso, sobre este asunto y acerca de su indemnización.
No obstante, mantuvo su postura habitual cuando el director técnico del Museo de la Catedral, Ramón Izquierdo, reconoció como de la basílica la documentación incautada al electricista, alguna incluso suya, y relató que no eran extrañas las desapariciones de papeles que se le entregaban al ex deán, José María Díaz, puesto que “no aparecían muchas veces, me decía ‘lo he perdido o no lo encuentro’ esto”, manifestó.
informes fotocopiados
Por esta razón, dejaron de darle informes originales, y prueba de ello es que se requisaron en propiedades del acusado varias “fotocopias” que debían estar en el despacho del deán o del administrador.
El predecesor de Izquierdo en el museo, el canónigo Alejandro Barral, fue el encargado de explicar por qué se decidió prescindir de Fernández Castiñeiras y admitió que él fue uno de los que reclamaron un cambio en el modelo empleado para el mantenimiento.
“Un monstruo” de las dimensiones de esta Catedral, detalló el testigo, requiere de asistencia 24 horas los 365 días del año, algo que una sola persona no puede asegurar.
“Una mañana se fundieron los contadores del Museo y lo llamé (a Castiñeiras) y estaba en Oporto. Tuve que moverme como pude”, explicó y, en todo caso, aseguró que su postura no estaba basada en la “insatisfacción” con el trabajo desempeñado, pero sí en una “necesidad técnica”.
Tanto a Barral Iglesias como a otro religioso, Ramiro Calvo Otero, la defensa les exhibió numerosas facturas de los años 2003 y 2004, a nombre de Fernández Castiñeiras, y que oscilaban entre los 50 y los 500 euros.
Los dos reconocieron su firma, a modo de visto bueno, y Carmen Ventoso pretendió demostrar que existían encargos constantes en el tiempo.
El presidente del tribunal que juzga el robo, Ángel Pantín, consideró que la letrada debería aportar los originales, y no copias, un comentario que provocó continuas protestas por parte de la abogada.
Fernández Castiñeiras estuvo interno en el penal de Teixeiro desde julio de 2012 hasta enero de 2013, y en este momento se enfrenta a la acusación de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos continuado; un delito contra la intimidad y otro de blanqueo de capitales, por los que la Fiscalía le pide una pena de quince años de cárcel, que la Iglesia, personada como acusación particular, eleva a 31.
