El Tribunal Supremo canadiense declara legal la prostitución

El Tribunal Supremo canadiense declara legal la prostitución
Las leyes canadienses impiden la existencia de prostíbulos o que una prostituta se comunique con un posible cliente en la calle. EFE/Archivo

El Tribunal Supremo de Canadá declaró este viernes anticonstitucionales las leyes contra la prostitución y obligó al Parlamento canadiense a modificar la actual normativa en los próximos doce meses.

Los nueve jueces del Tribunal Supremo canadiense reafirmaron de forma unánime que en Canadá "no es un delito vender sexo por dinero" y dijeron que las actuales leyes canadienses contra la prostitución ponen en peligro la vida de las personas que reciben dinero a cambio de mantener relaciones sexuales.

"El Parlamento tiene el poder de regular contra lo que molesta pero no a cambio de la salud, seguridad y vidas de las prostitutas", dijo el Tribunal Supremo canadiense.

Aunque en Canadá no es ilegal la prostitución, las autoridades canadienses sí han hecho ilegal que nadie reciba dinero obtenido por este medio, de forma que una prostituta no puede contratar los servicios de ningún profesional, desde un contable hasta una persona que se encarga de garantizar su seguridad.

El Tribunal Supremo dijo que aunque el objetivo de la ley es evitar que las prostitutas sean explotadas por proxenetas, "sin embargo castiga a todos los que viven del fruto de la prostitución sin distinguir entre aquellos que explotan prostitutas y aquellos que podría aumentar la seguridad de las prostitutas".

"De esta forma, la provisión sobre vivir de los frutos de la prostitución es excesivamente amplia", añadió el tribunal.

Las leyes canadienses también impiden la existencia de prostíbulos o que una prostituta se comunique con un posible cliente en la calle.

El Tribunal Supremo canadiense también dijo que en estos casos, la normativa actual daña de forma injusta a las prostitutas simplemente para evitar la molestia de verlas en las calles.

"El impacto negativo de la provisión sobre la seguridad y las vidas de las prostitutas callejeras, que por la prohibición de comunicar no pueden anticipar clientes potenciales embriagados y propensos a la violencia, es una respuesta extremadamente desproporcionada".

Las leyes existentes, añadieron los jueces, "previenen que las personas envueltas en una actividad arriesgada, pero legal, tomen medidas para protegerse de esos riesgos".

El máximo tribunal canadiense dijo que por estas razones las leyes canadienses sobre prostitución violan la Constitución del país pero suspendió su sentencia durante un año para que el Gobierno canadiense pueda modificar las normativas.

Por su parte, el Gobierno canadiense, del primer ministro conservador Stephen Harper, expresó su desacuerdo con la decisión y dijo que estudiará "todas las posibles opciones para asegurar que la ley criminal sigue respondiendo a los significantes daños que causa la prostitución a la comunidad".

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