Los exdirectivos de la extinta Caixanova, antigua Caja de Ahorros de Vigo; Ourense y Pontevedra, defendieron ayer ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que la operación inmobiliaria, por importe de 67 millones de euros, desarrollada en 2010 en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid fue “correctísima”, estuvo “controlada” por toda la estructura de la caja y veló en todo momento por el interés de la entidad.
La excúpula, entre los que se encontraban el expresidente de Caixanova y de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso y el ex director general José Luis Pego, declararon en el marco de un procedimiento abierto a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pusiera en conocimiento una serie de prácticas de la entidad supuestamente irregulares.
La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por delitos de administración desleal o apropiación indebida contra 17 exdirectivos de la extinta Caixanova por una operación que habría producido un perjuicio patrimonial a Caixanova, actualmente integrada en el grupo Abanca, y a la financiera inmobiliaria Proinova.
Sin embargo, los comparecientes defendieron que la operación fue ajustada a la legalidad y contó con la supervisión de los departamentos de contabilidad, riesgos y asesoría jurídica de la entidad, que la puso también en conocimiento del Banco de España. La operación surgió en 2007 y fue formalizada en 2010 a raíz de un crédito concedido a varias sociedades inmobiliarias para la adquisición de solares en Rivas-Vaciamadrid, que acabó con la dación en pago después de que dos prestatarios entraran en concurso y no pudieran responder como consecuencia de la crisis económica. La caja consideró que esta era la salida mas rentable para sus intereses.
La juez interrogó ayer a seis exdirectivos de Caixanova, entre los que se encuentran Fernández Gayoso; el exdirector general de la entidad José Luis Pego; y el exdirector general adjunto y consejero delegado de Proinova Gregorio Gorriarán. Los tres fueron condenados en octubre pasado a dos años de cárcel por adjudicarse prejubilaciones millonarias.
También comparecieron el subdirector general de Caixanova Domingo González Mera; y los vocales Miguel Argonés Rodríguez y Delfín Ferreiro Rodríguez, que formaban parte de la Comisión Delegada de la entidad el 11 de noviembre de 2010.
Hoy declararán otros nueve miembros de la excúpula de la entidad, entre los que se encuentran los vocales Marta Gutiérrez Mediero, Juan Ramón Iglesias Álvarez, José María Sanmartín Otero y José Taboada López.
También están citados, entre otros,  José Luis Suárez Gutiérrez, administrador de Suarte Inversiones y Legio Auriense, integradas en Proseinga Gestión; Alfredo Blanco López, director financiero del grupo Copasa; Miguel Pérez de Juan Burgos, administrador de Inversiones Rivapron; y Antonio Gorriarán, consejero delegado de Proseinga Gestión y administrador de Gorrigeve y Begorrier.