El ultraderechista que quiso atentar contra Sánchez trabajó para la Generalitat en vísperas del 1-O

Carmen Calvo participa en la inauguración de unas jornadas en Cáceres| Esteban Martinena (efe)
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El francotirador detenido y encarcelado por su intención de matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue contratado como vigilante para reforzar de forma “excepcional” la vigilancia del Centro de Telecomunicaciones (CTTI) de la Generalitat días antes del 1-O y hasta las elecciones del 21-D.
Según informó Rac-1 y confirmó la consellería de Políticas Digitales en un comunicado, Manuel Murillo fue requerido por la empresa privada que se encarga de la seguridad del CTTI para formar parte del equipo de refuerzo de seguridad del organismo desde el 19 de septiembre, cuando la Guardia Civil registró varios edificios públicos en una operación para impedir el referéndum, hasta el 21 de diciembre, fecha de las elecciones al Parlament.
El francotirador, que actualmente permanece en prisión preventiva, no formó parte en ningún momento de los equipos fijos de seguridad del edificio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, del que se encarga la compañía Enerpro SL desde 2007, tras un concurso.
Según la consellería de Políticas Digitales, Murillo integró un equipo de seguridad que se contrató con motivo de unas obras en el edificio anexo al CTTI, que requería un refuerzo adicional para garantizar los accesos y el flujo de personas al local.
Durante aquellos días, la Guardia Civil acudió al CTTI en varias ocasiones en búsqueda de información para tratar de abortar el apoyo logístico al 1-O.

Expediente informativo
Murillo, hijo del último alcalde franquista de Rubí (Barcelona), trabajó siempre el CTTI en horario nocturno y como equipo de refuerzo, según la Generalitat.
La consellería de Políticas Digitales requirió ayer un expediente informativo a la empresa Enerpro S.L. para recabar más información sobre este asunto.
El hombre, que pidió apoyo logístico en un chat de WhatsApp para cometer el magnicidio, permanece en prisión por orden de un juzgado de Terrassa (Barcelona), en una causa abierta por los delitos de conspiración para cometer atentado contra el jefe del Gobierno y un delito de tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos, así como otro delito de odio.
La Fiscalía de Terrassa anunció ayer que esperará a que avance la instrucción de la causa  antes de decidir si le atribuye un delito de terrorismo y pide al juzgado de instrucción que se inhiba en la Audiencia Nacional.
Fuentes fiscales explicaron que en el momento de la detención del sospechoso se hizo una consulta informal con el juez de guardia de la Audiencia Nacional y con los fiscales de guardia, aunque en ningún momento se trasladó el caso allí.
El caso lo lleva actualmente la fiscal especializada en odio de Terrassa bajo la supervisión del Servicio especializado en delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Barcelona, y esperarán a que avance la instrucción antes de determinar la calificación de los hechos, que ahora se investigan por delitos de conspiración para atentar contra autoridad con uso de arma, delito de amenazas graves, delito de tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos y un delito de odio.
Así, se prevé que se vuelva a citar a Manuel M.S., de 63 años. También comparecerá en el juzgado la denunciante, una coordinadora local de Vox en Terrassa que alertó a la policía ante las manifestaciones del detenido. l

El ultraderechista que quiso atentar contra Sánchez trabajó para la Generalitat en vísperas del 1-O