El Ministerio de Hacienda concedió el crédito de casi siete millones solicitado por el Ayuntamiento de Miño, que se corresponde con la cantidad de intereses que tiene que abonar a los expropiados por Fadesa. Así se lo confirmó el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, al alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, quien incidió en la importancia de un acuerdo con el que se cierra un intrincado capítulo de demandas judiciales y contienda política, abierto hace dieciocho años para desarrollar la macrourbanización Costa Miño Golf.

El mandatario municipal, que estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde, Catalina Morado, destacó la generosidad de los expropiados, que renunciaron a cobrar los casi 300.000 de recargo sobre  los intereses que les reconocieron los tribunales, casi “inasumible” para una administración en una situación tan delicada como la de Miño. El acuerdo alcanzado por el Gobierno de Faraldo con los afectados establecía el 31 de mayo de 2020 como fecha tope para abonar los intereses, con lo que estaba supeditado a la concesión de crédito con cargo al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda para este año y, en este sentido, el anuncio de Losada al alcalde supone cierto alivio por “el miedo de que esto se quedara en un cajón” debido a las elecciones de noviembre y la toma de posesión de los ministros, que se demoró hasta después de Navidad.

Los responsables municipales también mantienen conversaciones 
con la Xunta  y la Diputación

El alcalde explicó que “con este préstamo se termina un conflicto de dieciocho años en el que los afectados fueron ninguneados por los anteriores gobiernos municipales, que los llevaron de manera innecesaria a los tribunales de justicia”, que les dio la razón “sentencia tras sentencia”, incluso las del Tribunal Supremo.

Cláusulas

El crédito, con una duración de diez años y dos de carencia, evitará que la deuda siga creciendo y supondrá un “desahogo para las arcas municipales” y, como apuntó el delegado, movilizará “la gestión del día a día” de Miño.

En noviembre, el Ministerio de Hacienda concedió diez años más de plazo al Ayuntamiento de Miño para la amortización de la deuda de 12 millones de euros que ha había contraído por el pago a los expropiados para la macrourbanización, que en un primer momento se iba a hacer en siete años, y que ahora se hará en 17.  En 2018 pagaron 1,7 millones de la deuda y tendrían que abonar la misma cantidad anualmente pero, gracias al aplazamiento, no pagarán nada hasta 2022 y, a partir de ahí, abonarán 700.000 euros anualmente hasta 2038. Con el préstamo concedido ahora y un plazo de carencia de dos años, la primera cuota se abonará en 2023.

En este tiempo, los responsables municipales también han mantenido conversaciones con la Diputación de A Coruña y la Xunta para afrontar las cuotas para pagar este préstamo y, “en principio, estarían encarriladas”, expuso Faraldo. Además, el Plan Único de la Diputación de A Coruña permite usar el total de los fondos que recibe un ayuntamiento a mitigar deudas, por lo que Miño podrá ayudarse de esta partida de la institución provincial, aunque este extremo aún se está estudiando por parte del Gobierno de Faraldo, quien quiso “agradecer especialmente al delegado, Javier Losada, su trabajo incansable para establecer las relaciones que hemos tenido que mantener con Hacienda para agilizar los trámites”, añadió el alcalde de Miño.