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jueves | 25 abril | 2024
Los vecinos que residen en la Urbanización O Carón, en el barrio de A Zapateira, denuncian que el actual Gobierno municipal de la Marea no ha hecho más que ponerles trabas para facilitar que consigan las licencias de primera ocupación de sus viviendas, en las que llevan residiendo varios años, y que se recepcionen como municipales las infraestructuras de la zona. Estos coruñeses, que tienen recursos interpuestos contra el Ayuntamiento en el contenciosos administrativo, aseguran que viven en una zona en muy mal estado y que se necesita una reforma urgente.
Después de varios años intentando llegar a un acuerdo con La Marea –pues ya existía uno previo con el anterior Gobierno local del PP que se vio truncado por las elecciones municipales de 2015–, vecinos de la Promoción O Carón de A Zapateira denunciaron ayer que el Consistorio está dificultando la regularización de unas casas que quedaron en un limbo legal al entrar en concurso de acreedores la constructora, que estaba haciendo la urbanización de los terrenos en paralelo.
Un portavoz de la comunidad de propietarios explica que el problema “viene de anteriores mandatos” y que nadie llegó a resolverlo, pero que con el actual Ejecutivo municipal se han encontrado una mayor oposición porque solo los atendieron una vez, después de recurrir a la vía del contencioso administrativo contra la Administración local.
Según afirman “no hay voluntad de solucionar” la situación, para que unas viviendas que cuentan con todos los servicios y por las que se pagan los impuestos, como en el resto del municipio, reciban sus licencias y se acepten las calles y el resto de elementos de la urbanización como públicos.
Permisos para obras paralelas
“Nos están poniendo distintas trabas en el camino”, aseguran desde el colectivo afectado, que afirma que la culpa de su situación la tiene el propio Ayuntamiento. En el año 2000 se aprobó el proyecto de urbanización y en 2002 salió adelante el de compensación.
Sin que estas obras hubiesen acabado, la promotora consiguió licencia para construir 25 casas en 2002, 11 más en 2004 y las nueve últimas en 2005. “Tenía la obligación legal de haber exigido al promotor, para simultanear urbanización y edificación, la constitución de la preceptiva fianza en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las obras; esto es para que se puedan conceder licencias para viviendas en una urbanización que todavía no se ha finalizado”, destacan.
Si bien es cierto que la tramitación no le correspondió a Marea Atlántica, en el anterior mandato llegaron a un acuerdo en pleno para que se recepcionaran las infraestructuras y se arreglaran con cargo al aval del constructor y otros 168.000 euros se iban a pagar entre los dueños para evitar gastos, más allá de la licitación, a las arcas municipales.
Sin embargo, las elecciones dieron al traste con este tema y en los últimos años han intentado retomar el acuerdo, llegando incluso a toparse con advertencias de que “eliminarían” la parada de autobús próxima de seguir las protestas. A pesar de que necesitan este servicio, los residentes insisten en denunciar la situación públicamente porque las calles están en muy mal estado con adoquines sueltos, “hay deficiencias en las obras de urbanización” y faltan algunos elementos y se vieron obligados a precintar un parque infantil para evitar accidentes. Insisten en que también es cuestión de seguridad.
