Andalucía aprueba que se investiguen las concesiones para los cursos de formación

El Pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad la creación de una comisión de investigación relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde el año 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y justificación.
El Pleno acogió el debate de dos propuestas de creación de comisión de investigación, una del PP-A, que fue rechazada, y otra de Ciudadanos, que es la que ha salido adelante. La del grupo popular contó con los votos a favor de Podemos e IULV-CA y el rechazo de PSOE-A y Ciudadanos (52 síes y 55 noes), mientras que la de este grupo, con 108 síes, tuvo el apoyo prácticamente unánime de la Cámara (en los escaños del PSOE-A hubo un voto en contra “por error”).
La comisión de investigación, previsiblemente, será presidida por el diputado de Ciudadanos Julio Díaz (secretario segundo de la Mesa de la Cámara), en virtud de un acuerdo de esta formación con el PSOE-A, según fuentes socialistas.
En defensa de la iniciativa del PP-A, el portavoz del grupo, Carlos Rojas, advirtió de que se está ante el fraude de dinero público “más grave” de este país, en torno a unos 3.000 millones, y que su partido lleva más de cinco años denunciándolo, presentando “centenares” de iniciativas en esta Cámara y reclamando la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que “siempre se ha negado”.
Tras recordar que esta es la cuarta vez que el PP-A solicita la creación de una comisión de investigación sobre este asunto, Rojas señaló la “negligencia” del Gobierno andaluz con las ayudas a la formación y su “posible implicación” en el fraude y consideró necesario que las responsabilidades políticas se diriman en esta Cámara. “No vamos a parar hasta que no se recupere hasta el último euro”, añadió.
El parlamentario popular denunció que la Junta ha “exonerado” ayudas “de forma masiva y a su antojo”, en una decisión política “que enmascaraba un fraude gigantesco”. Según indicó, con las ayudas a la formación ha habido “ausencia de control, arbitrariedad, falta de transparencia, clientelismo y un golpe brutal a nuestra comunidad en nuestro principal problema: la creación de empleo”. “Hay que investigar con todas las consecuencias, sin medias tintas”, dijo.

ciudadanos
Acto seguido, compareció la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet para defender la iniciativa de su grupo, reivindicando la legitimidad que tiene esta formación para pedir la creación de una comisión de investigación, frente a un PP que tiene casos de corrupción en otras comunidades autónomas y que se niega a la creación de este tipo de instrumentos en estos territorios. Bosquet quiso dejar claro que Ciudadanos solo tiene un objetivo con esta comisión: que se conozca la verdad y que se establezcan responsabilidades políticas, sin que la comisión se convierta en un “tribunal”. 
También indicó que su formación no va a vetar la comparecencia de ninguna persona que pueda arrojar luz sobre este asunto. “No nos van a importar sus cargos, sus puestos, ni su pasado o presente porque no nos movemos por intereses partidistas ni electoralistas”, apostilló.
Criticó que la comisión solo haya sido solicitada por dos grupos de la Cámara y advirtió a Podemos e IULV-CA de que “no se puede pretender ser director de una película cuando no se ha planteado el rodaje”.