La última planta del edificio ubicado en el número 21 de la calle Rueiro da Praia de Malpica dejará de existir en breve. En la mañana de ayer el Concello y la empresa adjudicataria de las obras acudieron a la vivienda a firmar el acta de replanteo, último trámite para hacer realidad un derribo que se ha litigado en los tribunales durante tres décadas.
A diferencia del primer intento de derribo –el del 17 de enero de 2014– en la mañana de ayer no hubo movilización vecinal en la zona para respaldar a Fernando Graña, quien aún vive en una pequeña habitación ubicada en la cuarta planta, y tampoco hubo despliegue policial. A primera hora de la mañana solo acudió a la Rueiro da Praia el teniente de alcalde y concejal de Obras, Miguel Fernández, con representantes de la Terrauga Proyectos y Obras y varios agentes de la Guardia Civil, que entraron al edificio al que el propio vecino dio acceso para firmar el acta de replanteo.
Ahora, en cuestión de días comenzarán las labores de demolición, que apenas se notarán en la zona, explicó el regidor malpicán, Eduardo Parga ya que no afectarán al resto de los vecinos que viven en el inmueble. “La empresa ya puede comenzar cuando quiera, supongo que lo harán esta semana”, señaló el regidor y aseguró que para los residentes del número 21 “no hay ningún riesgo” porque las obras se van a realizar “muy poquito a poco”.
Para comenzar la obra primero deberán cortar los suministros de los servicios e instalar las medidas de seguridad pertinentes y una vez hecho comenzará el derribo ordenado por los tribunales de esta la edificación denunciada en su momento por un vecino por superar en más de 1,60 metros la altura máxima permitida.
Graña también deberá retirar sus enseres para dar comienzo a la actuación, si bien el alcalde señala que si no lo hace él, se encargarán de retirarlos los operarios de la adjudicataria de las obras.
Parga reconoce que no hay más remedio que derruir subsidiariamente la cuarta planta porque es un mandato judicial que el Concello está obligado a cumplir ya que no existe, según el tribunal, ninguna posibilidad de legalizar la construcción.
Con el inminente derribo no solo acaban treinta años de litigio entre dos familias, sino dos años y medio de incertidumbre sobre cuándo el Concello ejecutaría la orden judicial, una vez que en 2014 un tecnicismo impidió ejecutar las obras.
