La Xunta da el visto bueno a la ley de calidad del servicio público

El Gobierno gallego ha dado hoy su "visto y place" a la futura ley de calidad del servicio público, con la que pretende fijar unos estándares mínimos de calidad y establecer el camino para que los ciudadanos sean resarcidos en caso de que no se cumplan estos parámetros.
Además, estos estándares de calidad deberán ser los mismos en todos los servicios, tanto los que presta la Administración de modo directo como a través de concesiones.
El presidente de la Xunta ha destacado que esta norma, que será enviada al Parlamento para su trámite, contará también con una carta gallega de servicios públicos, que serán como el estatuto de la persona usuaria y en la que vendrán recogidos sus derechos.
De este modo, los ciudadanos tendrán derecho a ser resarcidos por responsabilidad patrimonial en caso de que no se cumplan los requisitos de calidad fijados.
Por primera vez, ha dicho Núñez Feijóo, las empresas concesionarias -de infraestructuras, mantenimiento, o cualquier otro servicio- "no se podrán parapetar detrás de la Administración", sino que deberán ser ellas las que afronten las responsabilidades patrimoniales que se puedan producir en el uso de los servicios que prestan, ya que "antes le correspondía a la Xunta".
Además, con esta normativa la Xunta hará un proceso de evaluación continua, ya que establece la normativa de elaborar un plan general de mejora de la calidad.
También será obligatoria la publicación de un barómetro de la calidad de los servicios públicos, de modo que la Xunta tendrá que realizar estudios del grado de satisfacción de los servicios prestados, analizar las demandas de los ciudadanos e impulsar las mejoras necesarias.
Esta ley afectará a todos los servicios públicos, gestionados directa o indirectamente por la Administración bien a través de la carta de servicios bien a través de los pliegos en los concursos de las concesiones.
Además, la Xunta podrá incluir en estos pliegos el pago por objetivos y no retribuir de un modo constante un servicio con independencia de la calidad con la que se preste, lo que incluirá, además, la posibilidad de penalizar económicamente a las empresas que no cumplan.
Núñez Feijóo ha dicho que esta ley responde a un compromiso con el que el PP ganó las elecciones en octubre de 2012 y que también refrendó durante su intervención en el debate de investidura.
Por otra parte, la Xunta ha aprobado hoy el Plan de Defensa contra los Incendios Forestales, previa presentación ayer al Consello Forestal de Galicia.
Respecto a las explicaciones en detalle ofrecidas este martes por la conselleira de Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, el presidente gallego ha incidido en la identificación de las 79 parroquias de alta actividad incendiaria, donde habrá una vigilancia especial, y ha destacado que se potenciará la labor de las brigadas de investigación.
Así, no será únicamente una labor que recaiga sobre los agentes de la policía autonómica, sino que entre dos o tres agentes por distrito forestal, especializados en investigación, se sumarán a esta labor.
Podrán denunciar a propietarios de fincas abandonadas y podrán abrir expedientes sancionadores.
El dispositivo para la campaña de este año contará con 5.767 personas, 59 más que el año anterior, y con el refuerzo del Ministerio de Defensa, y de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, hasta superar los 7.000 efectivos La Xunta ha aprobado, además, el decreto por el que nombra oficialmente a Juan Manuel Viaño Rey como nuevo rector de la Universidad de Santiago, cargo en el que sustituye a Juan Casares Long.
El Consello de la Xunta ha autorizado hoy la puesta en marcha de un nuevo parque eólico, en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), y con una inversión de 25 millones de euros.
Se trata del cuarto parque autorizado del concurso eólico aprobado la pasada legislatura, del que ya se han instalado 80 Megavatios con una inversión de 91 millones de euros.