El Constitucional suspende la hoja de ruta independentista

El Constitucional suspende la hoja de ruta independentista
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Los once magistrados que conforman el Tribunal Constitucional (TC) acordaron ayer suspender la resolución por la que el Parlament inició el proceso de secesión y dio el primer paso para adoptar, si se diera el caso, las medidas solicitadas por el Gobierno como la imposición de multas o la apertura de un procedimiento penal contra los responsables de la iniciativa parlamentaria.
Fuentes del tribunal de garantías señalaron que la decisión adoptada tras hora y media de debate no supone la adopción aún de estas medidas, si bien se da el primer paso para llevarlas a cabo.
En este sentido, se requiere a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlament y al secretario general de la Cámara para que, en el plazo de 20 días hábiles informen sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el 19 de julio “a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas” en la Ley Orgánica para hacer cumplir sus resoluciones.
La admisión del incidente supone además dar traslado a la Fiscalía y al Parlament de la petición de nulidad hecha por la Abogacía del Estado el viernes.
En este sentido, el Pleno del TC da 20 días de plazo para que las partes formulen las alegaciones que estimen convenientes.
La suspensión de la vigencia de la resolución de ruptura es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno, en su recurso, del articulo 16.2 de la Constitución, que establece que la impugnación por el Ejecutivo producirá la suspensión de la disposición.
La decisión adoptada por unanimidad será notificada personalmente a Forcadell, a los demás miembros de la mesa del Parlament y al secretario general de la cámara, así como al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat.
En este sentido, el TC advierte a todos ellos “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal”.
El último punto acordado tras el Pleno, que es la primera vez que se da por el tribunal de garantías, es el requerimiento a la presidenta de Forcadell y demás miembros de la Mesa del informe sobre el cumplimiento de las resoluciones de este órgano conforme a lo que señala el recientemente reformado artículo 92 de la Ley Órgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

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