El Supremo envía a juicio a Junqueras y a otros 17 líderes independentistas

13 enero 2018 página 27 BARCELONA, 04/12/2017.- Un momento de la concentración llevada a cabo en la plaza Sant Jaume de Barcelona, para protestar por la decisión del juez de dejar en prisión al exvicepresidente del Govern Oriol
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El Tribunal Supremo dictó ayer dos autos con los que confirma el cierre de la instrucción sobre el proceso soberanista en Cataluña, que realizó el juez Pablo Llarena, y sienta en el banquillo de los acusados a 18 líderes independentistas procesados por el delito de rebelión y malversación de caudales públicos, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros en prisión o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
Por otra parte, la Sala ha ratificado también el sobreseimiento de la causa respecto del expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exdirigente de PDeCat Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) Neus Lloveras. Además, da un plazo de cinco días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox para que presenten su escrito de calificación.
Estas resoluciones suponen el pistoletazo de salida del juicio que comenzará en los próximos meses y en el que siete magistrados de la Sala de lo Penal –el presidente, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo– juzgarán a los procesados por rebelión y malversación que se encuentran en prisión provisional. Son el exvicepresidente Junqueras; el expresidente de la Asociación Nacional Catalana Jordi Sánchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull; y la expresidenta de la cámara parlamentaria catalana Carme Forcadell (esta última solo imputada por el primero de los delitos).
También serán enjuiciados los exconsejeros Meritxell Borrás, Carles Mundó, Santi Vila procesados por desobediencia y malversación; así como la expresidenta del grupo CUP Mireia Boya y los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a quienes el juez Llarena les imputó desobediencia.
Quienes por el momento no serán juzgados son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; los exconsejeros Toni Comín, Meritexell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ya que todos ellos se encuentra huidos. Se les someterá a un juicio diferente cuando sean puestos a disposición de la Justicia española.
En uno de estos autos, con fecha de este jueves, la Sala rechaza la petición compartida por la mayoría de las defensas de que los magistrados que van a celebrar el juicio se pronuncien ya acerca de si concurre la violencia necesaria que define el delito de rebelión. “Nuestra tarea se limita a un control negativo de la tipicidad”, explica el Supremo, al mismo tiempo que destaca que el “empeño” de los letrados en que los jueces se manifiesten al respecto es tan “legítimo” como “inasumible en el plano técnico”.
Por otra parte, los magistrados del alto tribunal consideran que el juez Pablo Llarena realizó una instrucción completa y, por tanto, descartan devolver la causa al instructor para que realice las más de 300 diligencias de pruebas solicitadas por las distintas partes. Entre las pruebas solicitadas, por ejemplo, se encuentra el análisis de la cuenta personal en Facebook de la secretaria judicial que estuvo presente en el registro de la Consejería de Economía.

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