El rector estudia medidas legales contra la anulación del concurso de la residencia

  El rector de la Universidad, José María Barja, compareció ayer acompañado por los miembros del equipo rectoral para exigirle al a Xunta “a adxudicación inmediata do contrato de construcción da residencia pública xa licitado”, y que fue anulado por el Gobierno gallego la semana pasada para optar por un modelo de concesión, que la entidad docente rechaza porque “suporía hipotecar á comunidade universitaria durante trinta e cinco anos, sen garantía da existencia duns prezos públicos axeitados”.
Barja volvió a recordar que la Universidad está estudiando emprender medidas legales contra la anulación del expediente de contratación de la residencia pública. También reclama una reunión urgente con el conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, para tratar de desbloquear un proceso que “leva xa un retraso de seis anos”.

Desventajas > Según un estudio realizado por la Universidad, unas 10.000 personas necesitan un servicio de residencia pública en la ciudad. El rector cree que el hecho de que se opte por la gestión privada podría empeorar las condiciones en las que los alumnos accederían a unas instalaciones “tan necesarias”. “Cando se fai unha concesión, ou alguén pon diñeiro público ou pagan os estudiantes”, denunció el rector, que insistió en que “a titularidade privada sempre ten que conseguir beneficios e ise non é o modelo que queremos”.
Pese al retraso de la obra, el equipo rectoral se mostró dispuesto ayer a “valorar os reaxustes de anualidades que sexan necesarios para garantir a execución do actual proxecto de residencia universitaria pública no marco das disponibilidades orzamentarias da Xunta”. Según Barja, no sería la primera vez que la Universidad cede para que el proyecto se pueda llevar a cabo. De hecho, el rector asegura que la entidad docente renunció a que en lugar de 800 plazas se construyesen sólo 600 para que parte de los vecinos de Elviña siguiesen viviendo allí.

Propuestas > Barja volvió a plantear la propuesta para construir por fases una instalación pública, y que sea la propia Universidad la que se encargue de su gestión. Y es que, según el rector, la entidad siempre estuvo dispuesta a buscar soluciones.
Recuerda que el Gobierno gallego consignó una partida de más de 10 millones de euros en 2010 para la puesta en marcha de esta infraestructura, y que en 2011 “non consta ningunha notificación formal do Instituto Galego de Vivenda (IGVS) na que se poña de manifesto a inexistencia de crédito axeitado e suficiente para continuar coa adxudicación da licitación”. Pese a esto, asegura que la dirección general del IGVS le planteó la propuesta de cesión, que fue rechazada por escrito por el rector el 24 de marzo.