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sábado | 20 abril | 2024
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó ayer de “razonable” que los presos soberanistas catalanes sean acercados a cárceles de Cataluña cuando acabe el periodo de instrucción judicial.
En una entrevista en RTVE, la primera que concede a un medio de comunicación tras ganar la moción de censura que le llevó a la Presidencia del Gobierno, Sánchez indicó que en ese momento será cuando Instituciones Penitenciarias tome la decisión sobre el traslado de los presos.
También confirmó que el viernes asistirá, junto con el rey, a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, donde espera coincidir con el presidente catalán, Quim Torra, a quien podría recibir en la Moncloa a principios de julio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desvelo ayer que su aspiración es “agotar la legislatura” y no convocar elecciones generales hasta el año 2020.
Mientras, el fiscal Fidel Cadena solicitó ayer a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que confirme el procesamiento del expresidente Carles Puigdemont y del resto de los investigados por el procés de independencia en Cataluña al considerar que su actuación puede calificarse, parafraseando a Gabriel García Márquez de ser la “crónica de una rebelión anunciada”. Por ello pide que las conclusiones del instructor, Pablo Llarena, se confirmen “en todos sus términos”.
Así lo señalaron fuentes presentes en la vista de apelación celebrada ayer ante los magistrados Miguel Colmenero Menéndez, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro, que escucharon durante tres horas y media los argumentos de los recursos de un total de deciséis procesados, además del defendido por la acusación popular ejercida por Vox.
Desobediencia
Durante la vista, el fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena se manifestó a favor de que la Sala confirme los procesamientos por los delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia y afirmó que el proceso soberanista de Cataluña fue la “crónica de una rebelión anunciada”, informaron fuentes jurídicas presentes.
Las defensas aludieron a la nuevo momento político –sin concretar si se referían al cambio de Gobierno–, e incluso a que “el derecho penal también es negociación” para insistir en que tanto el procesamiento como las órdenes de prisión dictadas por Llarena deben ser revocadas. La alusión a la negociación de las cuestiones penales de este caso la realizó el abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y otros investigados de ERC Andreu Van den Eynde.
Los abogados defensores insistieron durante su intervención ante la Sala en la falta de competencia del Supremo para investigar este asunto toda vez que actualmente otros juzgados españoles también están haciéndolo, como es el de instrucción número 13 de Barcelona, y porque el hecho de que informes solicitados en ellos acaben en el Supremo les produce indefensión.
Siguen insistiendo, según las fuentes consultadas, en que no existió la violencia alegada por las acusaciones para sustentar el delito de rebelión y que, muy al contrario, lo que existió el día del referéndum ilegal del 1 de octubre fue “represión policial” frente al “pacífico e incluso” comportamiento de los participantes.
