Como era de esperar, la decisión adoptada por la Xunta de suspender el calendario de visitas al Pazo de Meirás durante el mes de agosto y que fue motivada por la “posibilidad” de que durante dicho período este Bien de Interés Cultural (BIC) esté habitado por sus propietarios –la familia Franco–, ha provocado las contrarias reacciones de la oposición en el Parlamento de Galicia.
El primero en saltar, y quizás uno de los más dolidos con este tema, ha sido el BNG. Y lo está porque fue la exconselleira de Cultura, la nacionalista Anxela Bugallo, quien firmó el decreto por el que el inmueble, que fuera residencia de verano del dictador Francisco Franco, se declaraba BIC. Y también porque el alcalde de Sada en el momento de esa declaración y en el de la apertura del pazo, también pertenecía a las filas del BNG: Abel López Soto.
Por todo ello, y porque consideran que se vulnera la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, el grupo parlamentario nacionalista ha registrado una pregunta y una proposición no de ley en la cámara gallega con el fin de conocer con exactitud por qué se ha tomado esta decisión y demandar que se revoque porque, a su entender, “fixeron unha modificación ilegal” en el régimen de visitas, como apuntó su portavoz parlamentario, Carlos Aymerich.
En la proposición, además, solicitan al Ejecutivo autonómico que se inicien los trámites para elaborar un nuevo convenio en el que la Xunta asuma “só aqueles gastos aos que ten obriga por lei nos traballos que conleva a apertura ao público deste Ben de Interese Cultural Galego”.
En este sentido, cabe recordar que la Xunta alega motivos económicos para su cierre el próximo mes de agosto, ya que la presencia de los Franco, aseguraron, implicaría un refuerzo de la seguridad en el pazo, con su correspondiente incremento en el importe a pagar a la empresa de seguridad que se encarga no solo de ello, sino de gestionar las visitas desde el pasado 25 de marzo.
“Alegar que o peche é por motivos económicos non ten sentido, porque a Xunta non debería pagar a esta empresa de seguridade”, señaló el exalcalde sadense, quien añadió que el PP “intenta poñer todas as trabas posibles” para que no se cumpla lo establecido en la normativa vigente.
Asimismo, López Soto denunció la “concesión intolerable” que desde el Gobierno gallego se le hace a los dueños del Pazo de Meirás al pagar, con dinero público, los servicios de vigilancia.
Para el actual portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Sada se trata, la de cancelar en agosto las visitas, de “unha medida arbitraria, sumisa e non amparada por normativa algunha” y recordó a este respecto que “nos últimos dez anos, o pazo nunca estivo ocupado todo o mes”.
Tanto los representantes parlamentarios del BNG –junto a Aymetrich compareció Ana Luisa Bouza– como el propio López Soto, coincidieron en que no se trata de una “casualidade” que se haya tomado esta decisión por parte de la Xunta del PP y afirmaron que, “evidentemente”, ésta ha actuado atendiendo a “un trasfondo político importante”.

Menosprezo > Por su parte, desde el grupo socialista consideraron un “menosprezo aos dereitos dos cidadáns de Galicia” el hecho de que durante todo un mes permanezca cerrado por una decisión “inaceptable”.
La parlamentaria Concepción Burgo lamentó la “submisión da Xunta aos desexos da familia Franco”, una actitud que el PSOE calificó de “bochornosa para un goberno democrático”, ya que, a su juicio, “defende únicamente os intereses particulares desta familia” a pesar, añadieron, que la ley contempla la obligación de abrir cualquier BIC al menos cuatro días al mes. “Este trato de favor non se da a outros propietarios de BIC”, afirmó el PSOE, que también registró varias preguntas.