La Xunta plantea reducir a tres años la aprobación de los planes de urbanismo

El Gobierno gallego pretende que la aprobación de los planes de urbanismo se haga en tres años, en lugar de los seis de media en la actualidad, y que la mayoría de los ayuntamientos gallegos tengan un planeamiento adaptado a la nueva Lei do Solo al final de esta legislatura.
El Consello da Xunta dio ayer el “visto y place” al anteproyecto de Lei do Solo, con el que pretende dar “estabilidad” a la ordenación territorial en Galicia, según explicaron el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo y el responsable autonómico de Territorio, Agustín Hernández.
Esta ley, que sustituirá a la vigente –aprobada en 2002, aunque desde esa fecha ha tenido diez modificaciones–, establece además la figura del “planeamiento básico”, por la que la Xunta se ofrece a redactar las normas a los municipios de menos de 5.000 habitantes.
El proyecto de la Xunta, además, tiene por objetivo “ordenar y revitalizar el rural”, evitar la dispersión y buscar ámbitos que generen riquezas y atractivos para vivir y trabajar en el rural.
De los 314 municipios, únicamente 70 cuentan con un plan de urbanismo adaptado a la ley del suelo de 2002. De los 240 restantes, 202 tienen menos de 5.000 habitantes y, de estos, 110 no tienen ningún tipo de planificación urbana.
Por este motivo la ley ofrece a estos 202 municipios que se acojan a la nueva figura de planeamiento básico que sería elaborada por la Xunta, ya que el objetivo es “ordenar la casa” en materia urbanística, destacó Feijóo.

no más “donde quiera”
En el ámbito rural, la Xunta pretende evitar la idea de que “cada uno puede construir donde quiera” aunque eso no significa, aclaró, que se puedan instalar en este ámbito determinadas industrias agroalimentarias, pero siempre según las normas y con unas pautas que garanticen la protección ambiental del territorio. “Estoy convencido de que esta propuesta tiene muchas ventajas y los inconvenientes que pueda tener los podemos matizar en la tramitación”, señaló.
Por su parte, Hernández apostó por una “reforma global” de la ley actual con el objetivo de que “ningún municipio” esté sin planeamiento urbanístico.

Adiós al “feísmo”
Una de las intenciones es “acabar con el feísmo”, para lo que habrá guías de conservación de edificios, catálogos paisajísticos, materiales y criterios de armonización.
Entre otras medidas la ley establece que el exterior de todas las edificaciones debe estar terminado y faculta a las administraciones con más competencias para conseguirlo.
La normativa no crea nuevos usos en el rural, permanecen igual que ley actual (18), pero sí dota a los municipios de mayor responsabilidad en el ámbito urbanístico. Además, la ley hará un reconocimiento y una apuesta por el suelo rústico como productivo, con el fomento de los usos económicos. Habrá dos clasificaciones, rústico común, y rústico de especial protección.
En cuanto a los informes sectoriales, se rebajará el plazo de 18 meses a tres meses y que el silencio administrativo se entienda como aceptación, en lugar de una negativa. También se prevé la creación de una plataforma urbanística digital para la “máxima transparencia y eficiencia” en la tramitación de los planes.