9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
El juzgado que en septiembre de 2012 acordó la demolición del número 13 de San Roque de Afuera, declarado ilegal en 2008 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), recibió esta semana un escrito en el que se reclama la ejecución de la orden de derribo.
El documento, que firma la parte procesal que inició con su demanda el proceso contencioso administrativo contra la licencia de obra otorgada en el año 2002 por el gobierno municipal, fija además un plazo “que no exceda de los dos meses” para echar abajo el edificio del Paseo Marítimo, unos trabajos que deberá asumir el propio Ayuntamiento, tal como determinó el pasado mes de noviembre el alto tribunal gallego.
“Procede, por consiguiente, continuar la ejecución, ordenando al Ayuntamiento de A Coruña la demolición del edificio, como está acordado en el auto”, reza el documento dirigido al juzgado de lo contencioso administrativo número 4, que se remite a las anteriores resoluciones para justificar la obligación del gobierno municipal de proceder al derribo de forma subsidiaria “a costa del interesado”, esto es, Promociones San Roque de Afuera SL. La promotora tiene, a su vez, la posibilidad de abrir un nuevo proceso para reclamar de la administración local una indemnización relacionada con la anulación de la licencia en virtud de la cual levantó el bloque.
Con esta nueva petición, los demandantes acortan el plazo que estipulaba el auto de septiembre de 2012 (confirmado y notificado en abril siguiente por el TSXG) en el que el juzgado concedía un margen de seis meses desde la notificación del mismo. En aquel dictamen, la magistrada ya apercibía a los demandados para el caso de incumplimiento: “Transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará (...) las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado”. Entre esas medidas citaba la jueza la imposición de multas coercitivas reiterables “a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o de la sala” y la deducción de testimonios de particulares “para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
en su totalidad
El auto de septiembre de 2012 establece que la demolición afectará a la totalidad del inmueble de San Roque de Afuera, que consta de 17 viviendas, y no solo a los elementos que en su momento fueron declarados ilegales. Esto es también lo que demanda ahora la propietaria que promueve el procedimiento, después de que la justicia haya reconocido que la concesión de la licencia de obra, otorgada en comisiones de gobierno de septiembre de 2002 y noviembre de 2003, fue ilegal y anulase aquella licencia por no ajustarse al PGOM vigente en aquella fecha, el de 1998.
El escrito dirigido al juzgado recuerda que la demolición “alcanza la totalidad de la edificación, porque así lo dice el fallo a cumplir” y reclama que “debe señalarse un plazo para ejecutar la demolición”, advirtiendo que el incumplimiento de la resolución puede traer aparejadas las medidas que ya enumeraba la jueza en su auto: multas, responsabilidades patrimoniales e incluso la apertura de procesos penales por desobediencia.
