El portavoz del PP en el Senado, el lucense José Manuel Barreiro, emplazó ayer a la Diputación de Lugo a que ponga a disposición de la Justicia “toda la información que se le demanda” en el marco de la operación “Pulpo” que instruye la jueza Pilar de Lara.
Así lo dijo tras reprochar al gobierno provincial que, por su “claro problema de conciencia”, pretenda trasladar la responsabilidad sobre lo que se investiga a la época del popular Francisco Cacharro.
“Lo que tiene que hacer es poner a disposición de la Justicia toda la información que la Justicia le demande, afecte a épocas de gobierno del PP o afecte, como yo creo que es la gran mayoría de lo que salió publicado, a la etapa de gobierno del PSOE, y no tratar de ocultar con acusaciones falsas la información que les demanda la Justicia”, reiteró.
Además, el que fuera presidente del PP de Lugo hasta hace un mes, en los últimos 14 años, insistió en que “esto se aclara muy fácilmente”. “Toda la documentación que la jueza le está pidiendo, que la ponga a su disposición y será el juzgado el que decida si hay algún tipo de actividad delictiva o no”, resolvió.
“No se contribuye a clarificar nada siguiendo la táctica del “y tú más”. La sociedad lucense quiere saber lo que hay detrás, con independencia de quien estuviera en el gobierno”, zanjó.
Adicionalmente, juzgó “sorprendente” que “exista una lista negra” de funcionarios vinculados al PP “en una institución pública”, en alusión a un listado hallado en un ordenador. “Esto hace mucho tiempo que no ocurría en España, esto sucede en otros países como Venezuela”, remachó.
En cuanto a la supuesta contabilidad B, vinculada al programa “Km0”, el portavoz popular propugnó que “las contabilidades en las instituciones públicas tienen que estar en urnas de cristal, tienen que ser transparentes y validadas por quien tiene la habilitación legal para hacerlo, que son los funcionarios correspondientes”. 
Barreiro también opinó que el pleno de la Diputación de Lugo “sigue siendo un esperpento”.