Viernes 16.11.2018

Un país en dificultades

Los países, como las personas, no siempre están centrados, lo cual no suele ser un problema grave cuando se sabe recuperar la posición.

Los países, como las personas, no siempre están centrados, lo cual no suele ser un problema grave cuando se sabe recuperar la posición. Las dificultades suelen venir más bien cuando se observan derivas peligrosas sin tener conciencia de ello o cuando no hay capacidad para atajar determinados problemas.
Sea o no sea políticamente correcto decirlo, España tiene hoy carencias evidentes en su gobernanza, una amenaza secesionista aparentemente controlada pero sin resolver, coletazos sociales de una crisis económica que ha hecho historia, una acusada tendencia al populismo jaleada desde la política pero también desde ciertos medios de comunicación, numerosos casos de corrupción política y una justicia en dificultades, donde se discute si la clave está solo en los errores judiciales o en el propio marco legislativo. Incluso se cuestiona la propia independencia de este poder del Estado.
Todo ello no da precisamente un buen vector resultante, de ahí la inestabilidad y el desasosiego que caracterizan la España actual. Hay problemas con las cosas de comer, producto de la desigualdad y la precariedad, pero también con la convivencia y la justicia.
El problema de la justicia viene de atrás -lentitud asociada a carencias estructurales, injerencias del poder ejecutivo, etcétera- pero ahora se ha agravado, hasta pasar de ser un problema que afloraba en las encuestas y en la prensa a estar en la calle, de manera transversal. Es tal la presión popular y mediática ante lo que parecen graves errores de la justicia que incluso se da como bueno legislar en caliente, lo cual no suele ser una atinada receta para casi nada.
El gran objeto de la justicia es sustituir la idea de la violencia por la idea del derecho. En palabras del precursor de la sociología clásica Alexis de Tocqueville, se trataría de colocar intermediarios entre el gobierno y el empleo de la fuerza material. Pero en España, algo va mal en ese sentido. Admitida la necesidad del cambio, tampoco podrá olvidarse que, sea cual sea, seguirán existiendo dudas sobre ciertos delitos y que en tales casos de incertidumbre razonada la balanza de la justicia ha de inclinarse por la pena de menor gravedad. Así lo quiere la Constitución, según la interpretación del Tribunal Constitucional, y así lo indica la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Un país en dificultades
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