Valerio aboga por una acción conjunta y coordinada ante la presión migratoria

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, apostó ayer por una acción “conjunta y coordinada” entre el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos para afrontar el aumento de la presión migratoria en España.
Valerio se expresó así ante los periodistas en la Conferencia Sectorial de Migraciones, que no se reunía desde septiembre de 2015, y en la que se dejó para otro encuentro, a principios del próximo mes, la cuestión de los menores extranjeros no acompañados, los denominados Menas. En su intervención, reiteró que el Gobierno no contempla iniciar un proceso de regularización de inmigrantes e incidió en la necesidad de invertir en cooperación en los países de origen de los inmigrantes como “única manera de que no exista efecto huida”.
Valerio indicó que la dotación del fondo de apoyo a la acogida e integración para inmigrantes no está presupuestada para este año y sí lo estará para las cuentas de 2019. En la reunión, que según la ministra se desarrolló con un clima de “tranquilidad y de colaboración” con las comunidades “al margen del color político”, se puso de manifiesto que la situación actual “se veía venir” por las cifras que ya comenzaron a incrementarse el pasado año. Así, indicó que en 2016 llegaron por la frontera sur unas 10.500 personas de forma irregular, mientras que el pasado año lo hicieron unas 24.000. Valoró las políticas migratorias que puso en marcha el Gobierno en estos dos meses y que, a su juicio, “están dando resultado”, dentro de que “todo es manifiestamente mejorable”.
Dejó claro que tiene que haber un control de fronteras porque España cumple la ley y ha defendido la migración legal, por contingentes de trabajadores, porque España es un país de baja natalidad. La ministra destacó que “España es un país que cumple con la normativa de Derechos Humanos y queremos dar una acogida adecuada y humanitaria” cuando las medidas que favorecen la inmigración legal “no dan los resultados esperados” y así, además, coincidieron las comunidades.
Hizo hincapié en que durante la reunión defendió una acción “conjunta y coordinada” que tenga en cuenta a las comunidades y a los ayuntamientos y trasladó a los consejeros la importancia que el Gobierno le da la inmigración.
En este sentido, destacó que debería alcanzarse un “acuerdo de Estado” en esta materia, como así se lo ofreció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Pablo Casado, durante la reunión que mantuvieron la semana pasada. Además, incidió en que hubo unanimidad entre las comunidades en cuanto a que tiene que haber una implicación de toda la UE en esta materia.
La ministra expuso a las comunidades las medidas a corto plazo del Gobierno, como el plan de emergencia, dotado con 30 millones de euros. Además, se reforzarán las oficinas de asilo y refugio, con más de 300 plazas, y con 92 para el Ministerio destinadas a la protección humanitaria.
Valerio reiteró que el Gobierno no se plantea iniciar un procedimiento de regularización de inmigrantes porque, entre otras cosas, “sinceramente” no cree que España sea un país “muy atractivo aún” para ellos. Destacó que en este momento en el que el desempleo es todavía superior al quince por ciento y castiga especialmente a mujeres y jóvenes, muchas de las personas que llegan a España “prefieren otros países en los que piensan que tienen mejores oportunidades”.
“Sinceramente, éste no es aún un país muy atractivo” para ellos, ha señalado. De ahí que haya descartado que el Gobierno se esté planteando hacer una regularización como la que se realizó bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque reconoció que en aquel momento dio sus frutos, especialmente en las zonas rurales y despobladas. “¿Quién ha dicho eso de papeles para todos y cuándo? Nadie del PSOE y nadie del Gobierno ha dicho eso; es un absurdo porque un poco de sentido común tenemos y lo que apostamos es por la inmigración legal”, enfatizó.
Preguntada por el mensaje del vicepresidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Busot, Alejandro Morant, en una red social en el que pedía “deportaciones masivas”, la ministra contestó que le “tranquiliza ver” que ese no fue el sentir de los responsables de las comunidades gobernadas por el PP. l