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sábado | 20 abril | 2024
Más de ochenta ciudades serán hoy escenario de las manifestaciones convocadas por el colectivo Marea Ciudadana para denunciar lo que califican de “golpe de Estado financiero” 32 años después del 23-F, y pedirán un cambio en el sistema político para lograr “una verdadera democracia”.
Este colectivo lo integran un total de 271 organizaciones, entre las que se incluyen las diversas “mareas” de colores –blanca de sanidad o verde de educación, entre otras–, numerosas asambleas del 15-M, grupos ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción, y partidos como IU, ICV, EQUO o Chunta Aragonesista.
Bajo el lema “No al golpe de Estado financiero. No debemos, no pagamos”, se convocaron cuatro manifestaciones en Madrid, ochenta y cinco en distintos puntos de España, y otras nueve en el extranjero.
En la capital, donde los organizadores esperan reunir a unas 600.000 personas, habrá varias cabeceras que saldrán a las 16.30 horas desde Puente de Vallecas, Sol, Embajadores y Colón, respectivamente, y que confluirán cerca de las 18.00 horas alrededor de la fuente de Neptuno.
por colores
En Colón se darán cita la “marea negra” en apoyo de la minería y la violeta de las feministas; en Embajadores, la verde de la sanidad y la naranja por la intervención social; en Sol, la “marea azul” contra la privatización del Canal de Isabel II, y un grupo en defensa de la cultura partirá desde la plaza del Callao; y de Puente de Vallecas saldrá la Plataforma Vallecas por lo público.
En el manifiesto presentado por el colectivo Marea Ciudadana se reclama que se primen los derechos sociales sobre los de las élites económicas, y se recupere la política “honesta”, la que defiende la justicia social.
También se exige el fin de la corrupción y que se realice una auditoría de la deuda para eliminar la que consideran “ilegítima”, aquella que no supone un beneficio público, como los “rescates a los bancos”.
En concreto, se hace hincapié en la reforma “exprés” del artículo 135 de la Constitución, realizada en apenas una semana y que, en su opinión, prima “el pago de los intereses frente a las obligaciones de un Estado social”.
