El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostró ayer convencido de que en las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 las autoridades se ajustaron “en todo momento” al ordenamiento jurídico y actuaron bajo el principio superior del interés del menor.
En declaraciones a los medios antes de comparecer en la comisión de Interior, Marlaska respondió a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmé el lunes que la devolución, llevada a cabo por la Delegación de Gobierno, fue “ilegal” por la “absoluta inobservancia” de la Ley de Extranjería y porque lo prohíbe “de manera lapidaria” el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Tras dejar claro que el Gobierno respeta las resoluciones judiciales, Marlaska defendió que las autoridades competentes “actuaron con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor”.
Este interés del menor, añadió, “es un principio que rige de una forma taxativa y expresa al conjunto de poderes del Estado y al Gobierno”, por lo que las administraciones autonómicas y locales dirigen sus actuaciones con este parámetro.
Ya en la comisión de Interior y tras interesarse por la resolución judicial los portavoces de varios grupos parlamentarios como Sumar, PNV y EH Bildu, Marlaska explicó que el Supremo rechaza los recursos de casación del Gobierno de Ceuta y la Delegación del Gobierno.
“El Ministerio del Interior no era parte”, aseguró el ministro antes de recordar que la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional se pronunció a favor de la actuación de su departamento al desestimar el recurso de una ONG.
Marlaska indicó que la propia resolución del Tribunal Supremo refiere que el acuerdo de repatriación de menores con Marruecos suscrito en 2007 y en virtud del cual se hicieron esas devoluciones formaba parte del ordenamiento jurídico.
Buena fe y explicaciones
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró que las autoridades que llevaron a cabo las devoluciones “siempre actuaron de buena fe y conforme a la legalidad vigente”, pese a que el Supremo declaró “ilegal” esas repatriaciones.
Lo hizo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras asegurar que el Gobierno “acata y respeta” la sentencia del Alto Tribunal “sin ningún género de dudas”.
El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, exigió que Grande-Marlaska dé explicaciones tras el pronunciamiento del Supremo.
“El ministro tiene que dar explicaciones y, sobre todo, hay que reparar lo ocurrido para que no vuelva a pasar porque estamos frente a una catástrofe moral, además de una ilegalidad”, manifestó Pisarello en declaraciones ante los periodistas en el Congreso, donde el parlamentario eludió pronunciarse sobre si su grupo va a solicitar la dimisión del ministro del Interior.
El diputado de En Comú Podem aseveró que la sentencia, confirma que la devolución “en pack de 1.500 menores no solamente es un acto bárbaro, sino un acto de inhumanidad”.
“Ver a los menores tratados como simples peones en las guerras o en la frontera es algo que supone una catástrofe moral como humanidad”, lamentó Gerardo Pisarello.
