La Guardia Civil investiga a un hombre por un presunto delito de maltrato animal tras rescatar a 66 perros en grave estado de salud en una explotación ganadera situada en el término municipal de Cañamero (Cáceres).
Los hechos ocurrieron a finales del pasado marzo, cuando agentes del Medio Natural alertaron a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado de la localización de varios perros muertos en la finca.
Tras el aviso, la Guardia Civil se personó en el lugar, donde constató la existencia de una explotación ganadera que albergaba animales bovinos, equinos, porcinos y un numeroso grupo de perros.
Durante la inspección se comprobó además la existencia de diversos animales en condiciones altamente deficientes, entre ellos 66 perros, localizándose los cadáveres de seis de perros -tres adultos y tres cachorros-, algunos de ellos atados con lazos corredizos sus cuellos.
Tras ello se solicitó la intervención urgente de veterinarios de la Oficina Comarcal de Zona de Zorita, que confirmó las irregularidades observadas.
El informe veterinario elaborado reveló la inexistencia de registro para la tenencia de animales que fueran distintos a los canes, “graves deficiencias sanitarias, un preocupante estado de salud y sin control veterinario de muchos animales, instalaciones insalubres y condiciones de vida inaceptables”.
Asimismo, determinó que al menos cinco perros presentaban un grado más severo de desnutrición, mostrando las costillas y huesos a simple vista.
Además, la finca solo se encontraba registrada como núcleo zoológico para perros de rehala (grupo de canes que se usan en las monterías), careciendo de permisos para mantener otras especies presentes en ella como cerdos, ovejas y caballos.
Finalmente, el pasado 14 de abril el responsable de la explotación ganadera fue investigado en las dependencias del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Guadalupe como supuesto autor de un delito de maltrato animal.
Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Logrosán y a la Fiscalía de Medio Ambiente en Cáceres.
