El Gobierno reitera que en Melilla se actuó con “parámetros legales”

Las personas que lograron entrar en España recuerdan en una concentración a sus compañeros fallecidos | aec

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo sobre el salto masivo a la valla de Melilla del 24 de junio que “se actuó atendiendo a los parámetros legales nacionales e internacionales en materia de protección de derechos y libertades fundamentales con la proporcionalidad de adecuación a la situación”. 


Fernando Grande-Marlaska hizo estas manifestaciones a los periodistas tras inaugurar un curso de verano de la Universidad Complutense sobre la Policía Nacional.


“Se ha actuado en todo momento atendiendo a los parámetros legales nacionales e internacionales en materia de protección de derechos y libertades fundamentales con la proporcionalidad de adecuación a la situación concreta, con adecuación a los principios recogidos en el ordenamiento”, recalcó.


Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, pidió que se espere al resultado de las investigaciones que se llevan a cabo en España y Marruecos sobre lo ocurrido antes de atribuir responsabilidades.


Albares respondió así a preguntas de los periodistas sobre como discurren esas investigaciones, que siguen su curso, apuntó.


“Espero al resultado final de esa investigación y no me encontrarán nunca en el lado de los que atribuyen responsabilidades sin saber exactamente qué es lo que ha ocurrido”, afirmó.


Además, la ministra de Justicia, Pilar Llop, lamentó “profundamente” este las muertes y reconoció que desconoce el juicio a migrantes que se va a desarrollar en Nador.


En declaraciones a los periodistas en Carmona (Sevilla), Llop señaló que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya manifestó que la migración “tiene que ser regular y controlada”.


“La migración es necesaria y que haya migrantes en España y Europa”, indicó la ministra.


Mientras, la defensa de 33 emigrantes acusados por su supuesta implicación en el último intento masivo de cruzar a la ciudad española de Melilla, que terminó con al menos 23 muertos, alegó su estatuto de refugiados para pedir que sean juzgados en libertad provisional, pero la Corte rechazó esta solicitud.


La segunda sesión del juicioduró unos 20 minutos al aplazarse para dar más tiempo a los abogados para preparar la defensa. 

El Gobierno reitera que en Melilla se actuó con “parámetros legales”

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