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miércoles | 24 abril | 2024
El Gobierno está estudiando “todas las fórmulas jurídicas” contra la proposición de ley de ordenación de los regadíos de la corona norte de Doñana, incluida la aplicación de un “155 medioambiental”, porque no va a asumir que la “irresponsabilidad” del presidente andaluz, Juanma Moreno, “recaiga sobre el interés general”.
En declaraciones este miércoles a la Cadena Ser en la Feria de Sevilla, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respondido a la pregunta sobre si por parte del Gobierno se podría aplicar un 155 medioambiental: “Estamos estudiando todas las fórmulas jurídicas”.
“Lo que no estamos dispuestos es a asumir que la irresponsabilidad del presidente de Andalucía recaiga sobre el interés general, el interés de los agricultores, la reputación de España y las consecuencias jurídicas de Europa”, ha subrayado la ministra portavoz del Ejecutivo.
Rodríguez ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por mantener un diálogo “fluido” con las comunidades autónomas y por avanzar en el entendimiento, por lo que “nunca querríamos ir contra una normativa” autónoma “salvo que ponga en riesgo el interés del país” como es este caso con el Parque Nacional de Doñana.
Por tanto, en este caso, que, a su juicio, afecta a Doñana y se pone en riesgo un patrimonio de la Humanidad, desde los servicios jurídicos del Gobierno se está estudiando el posible recurso de inconstitucionalidad “y todo lo que esté a nuestro alcance desde el punto de vista jurídico si en la Junta de Andalucía y en su presidente no entra la cordura”.
“No se puede repartir lo que no se tiene”, ha sentenciado la ministra, quien ha añadido que lo que no cabe en este caso “ante esta evidencia”, con la situación de los embalses y de Doñana, es lo que está haciendo el presidente de la Junta y el Parlamento andaluz, que a su juicio es, saltarse las normas e inclumplir las sentencias.
En su opinión, lo que cabe es hacer “lo que ha hecho el Gobierno” que es sentarse en una mesa y aprobar los planes hidrológicos, que tienen muy en cuenta al sector agrícola en España y sobre los que hay nuevas oportunidades con riegos más eficientes o avanzar con la ciencia en nuevos cultivos ante la falta de lluvia.
Tras insistir en el mensaje lanzado ayer por el Gobierno de que para hablar con la Junta primero debe retirar la proposición de ley, Rodríguez ha asegurado que lo que ha motivado a Moreno a defender esta propuesta se debe a que o le ha “obligado la extrema derecha para conseguir algo más” o por réditos electorales de “cuatro votos”.
Isabel Rodríguez considera que puede propiciar un daño reputacional a los frutos rojos, por lo que ha insistido que el Gobierno va a atender a “una mejor gestión del agua”, algo a lo que va a dedicar mucho dinero destinado al sector agrícola y ganadero, y sobre todo a sus exportaciones.
