El Gobierno encargó a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) velar por el registro de medios de comunicación, cuya creación se prevé en la futura ley de gobernanza democrática y que recogerá información sobre la propiedad de los mismos y la publicidad institucional que reciben.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, avanzó esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dio el visto bueno al anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación.
La nueva norma contempla, entre otras, la modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual para crear un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, que dependerá de la CNMC, en el que los medios de ámbito estatal deberán inscribir y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional.
El registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona, informaron fuentes del Gobierno, que explicaron que se crearán registros autonómicos, coordinados con el estatal.
Pluralismo mediático
Además, se establecerá un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios, cuando esas operaciones involucren a aquellos que superen determinados umbrales de audiencia o volumen de negocio fijados reglamentariamente.
Por último, el anteproyecto contempla la modificación de la ley de creación de la CNMC, para cambiar la estructura de este organismo con el fin de adaptarla a sus nuevas responsabilidades.
Normativa europea
Este anteproyecto, que adaptará al ordenamiento jurídico español la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación, busca establecer un espacio digital seguro, donde se protejan derechos fundamentales y específicos de los consumidores y usuarios, apuntó López.
En virtud de esta futura norma, la CNMC tendrá amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales; mientras que la Agencia Española de Protección de Datos será la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores.
Con la futura ley, los proveedores de servicios de internet tendrán que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, deberán ser transparentes en los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online.
El anteproyecto establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.
