9º-16º
martes | 23 abril | 2024
La Xunta, a través de la Consellería de Cultura, reclama al Gobierno que le ofrezca información directa sobre sus actuaciones al respecto del pazo de Meirás para “mantener la unidad de acción que hemos mantenido hasta ahora”.
El conselleiro Román Rodríguez al tiempo que celebraba el paso dado por el Ejecutivo al reclamar la propiedad de determinados bienes del histórico inmueble, vinculados a la figura de Emilia Pardo Bazán y de Franco, en calidad de jefe del Estado durante la dictadura, se lamentaba de que la noticia fuese conocida “a través de los medios de información”.
En este sentido subrayaba la intención de la Xunta de continuar “trabajando de manera coordinada y con lealtad para uniformizar criterios y dar garantías al proceso”.
En similares términos se manifestó el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, que dijo que la sociedad tiene obligación de preservar los bienes “con toda la historia que tiene allí”.
“La Xunta apoya esta decisión, igual que hasta ahora ha venido apoyando otras anteriores”, señaló al tiempo que aseguraba que los éxitos son consecuencia de una colaboración estrecha entre los servicios jurídicos del Ejecutivo gallego y la Abogacía del Estado.
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, insistió en que para la formación nacionalista todos los bienes que hay en el pazo forman parte del patrimonio público.
“El Gobierno debe actuar con celeridad”, mientras recordaba que el “expolio” no afectó solo a Meirás sino también a la coruñesa Casa Cornide.
Por este motivo instó al Ayuntamiento de A Coruña a presentar cuanto antes la demanda judicial para reclamar su devolución al patrimonio público.
Pontón recordó que existe un acuerdo plenario en el consistorio coruñés para que se interponga la demanda y que no se le permita “ganar más tiempo a los Franco”.
Cabe recordar que, el pasado miércoles, se hacía público que el Estado había presentado una demanda contra la familia Franco en la que reclama la propiedad de 564 bienes que se encuentran en el pazo sadense.
La decisión responde a la solicitud de la familia del fallecido dictador al juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña de retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su momento.
Los bienes no fueron reclamados en su momento por la negativa de franquear la entrada a los técnicos de Patrimonio.
