En este preciso instante, en algún lugar de una ciudad o pueblo cualquiera, se está secuestrando a un hombre —y cabe que a su familia—, en el legal y libre trapicheo de alquilar o comprar una vivienda donde cobijarse. Se le exigirán contratos laborales y nóminas, abusivos adelantos, avales y garantías imposibles, documentos que acreditan sobradamente lo injusto del rescate.

La primera obligación de un hombre debería ser la mesura y su primer derecho, el que se le respete en esa condición. Obligación y derecho que para consolidarse nos exigen dimensionar la ambición. No digo erradicarla, digo solo, hacerla del tamaño de nuestras existencias y sus perentorias necesidades, impidiéndole que se desborde y sobreponga a la existencia rebasando el umbral lógico de consecución que demanda la necesidad.

Hoy, presos de un proceso ambicioso de naturaleza especulativa, vivimos en la desmesura de la usura y la extorsión, de tal modo que hemos hecho de ella la primera obligación y de sus pírricos logros el primer derecho. En la ejecución de esa obligación y ese derecho, entendemos como lícito todo abuso, sin entender ni querer atender que, en lugar de dimensionar la ambición, lo estamos haciendo con el hombre. Condicionándolo más allá de donde él alcanza. Empequeñeciéndolo al extremo de hacer de él algo insignificante y, como tal, digno de la indignidad de nuestra ambición, esa que se ha de convertir en su postrera casa y prisión.