En más de una ocasión me referí al pleno conocimiento de las consecuencias de la irregularidad administrativa en la vida de las personas migrantes. Es una decisión política que ha comenzado a dar los primeros pasos de una  posible solución en la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)  que abre el camino sobre la regularización extraordinaria de personas extranjeras que residen en situación irregular en nuestro país. Se trata de un largo proceso iniciado por un colectivo de entidades e instituciones que trabajan a diario con  estos colectivos y que se inició allá por el año 2021  y que cuenta con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil avalado con la firma  de más de 700.000 ciudadanos que posibilitaron la presentación ante el Congreso de los Diputados de una Iniciativa Legislativa Popular.

El proceso se encuentra ahora  después de la toma  en  consideración por parte de los representantes de la soberanía popular de la Cámara Baja en la  apertura  de un período  de diálogo.

Desde mi punto de vista resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos si tenemos en cuenta su potencial impacto  en la vida de muchas personas, como por la legitimación democrática que presenta  el  respaldo y apoyo deseos miles de personas que con su firma apoyan totalmente el proyecto de una futura y necesaria regulación de todos estos colectivos.

Incidiendo más en el tema recojo algunos  pasajes que se pusieron  de manifiesto cuando en el Congreso de los Diputados se aceptó a trámite la   Iniciativa Legislativa Popular. Entre otras cuestiones se  dice que  en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. Se puntualiza que el actual sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español. Al mismo tiempo se constata que los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento, y por otra, el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación.

Unas  consideraciones y realidades que se aprecian diariamente en el trabajo que desarrollan las entidades que  intentan solucionar este problema  señalando que  la situación genera una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social e impacta en el conjunto de la sociedad.

La irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad.

Todo ese proceso genera la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad. Una situación que propicia la economía sumergida y que  limita las contribuciones fiscales de estos trabajadores a los impuestos indirectos de lo que consumen. La política migratoria no puede permanecer escindida de la realidad socioeconómica del país y de todas las personas que la componen y construyen día a día.