La resaca está siendo buena y tras dos días de juicio al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, no le ha surgido dolor de cabeza. Al menos, a tenor de las manifestaciones realizadas ayer en su habitual comparecencia de los jueves en la emisora local de radio en las que afirmó que el 99% de las declaraciones efectuadas por los técnicos, a lo largo de las sesiones celebradas el martes y el miércoles, avalan que procediese al derribo de lo que quedaba en lo que en su momento fue una de las edificaciones más emblemáticas de Perillo: la Casa Carnicero.

“O 99% das intervencións dos técnicos foron positivas e quedou demostrado de que, a pesar do que decía a Fiscalía, non había ningunha casa. Tamén a representante da Xunta dixo que había unhas paredes pero unhas paredes non son unha casa. O día 20 de decembro caera un dos muros e había moito risco de que outro caese sobre a N-VI. Hai que recordar de que estaba a tan só 80 centímetros da calzada”, dijo el regidor, mientras desvelaba que ahora tan solo se encuentra a la espera de lo que diluciden sus señorías.

Petición de condena 

Y es que los miembros del tribunal que durante dos jornadas escucharon los argumentos de las partes deberán decidir si como solicita la Fiscalía se le impone al regidor oleirense una condena de quince meses de prisión, así como doce años de inhabilitación. Una pena que asimismo se pide para un arquitecto municipal, del área de Obras Públicas, responsable de la supervisión de los trabajos de derribo.

García Seoane insiste en sostener que la legislación autonómica no exige autorización para un derribo si se trata de un inmueble en estado ruinoso y también que el objetivo del consistorio, antes de que tuviese lugar el incendio que destruyó gran parte del inmueble en julio de 2020, era rehabilitarlo y dotarlo de servicios para los vecinos del municipio de Oleiros.

Este último extremo fue confirmado por los propietarios del inmueble que, durante el juicio, declararon que habían iniciado conversaciones con el Ayuntamiento para cederlo. También admitieron que cuando fueron requeridos para adoptar medidas ante el estado en el que había quedado tras el incendio, no lo hicieron porque carecían de recursos económicos, por lo que el Gobierno local asumió las actuaciones.