La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá la próxima semana el juicio contra el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por su actuación con la Casa Carnicero después de su incendio. La Fiscalía pide para el regidor, y para un arquitecto técnico municipal, un año de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito contra el patrimonio histórico.

Según el escrito de la Fiscalía, ambos acusados hicieron posible que el 31 de diciembre de 2020 la Casa Carnicero "llegara a la situación de demolición completa pues, gracias a sus respectivas actuaciones, solo se conserva actualmente en la planta baja una pequeña parte del muro con alturas en torno al 1,60 metros y en la planta de semisótano parte de los arranques de los muros". El fiscal considera que tanto el alcalde como el arquitecto municipal "conocían que sus actuaciones infringían la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia y el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Oleiros".

Relata la Fiscalía que los propietarios de la Casa Carnicero habían manifestado en 2019 al Ayuntamiento su voluntad de ceder el inmueble al patrimonio municipal. Por ello, en marzo de 2020 los servicios urbanísticos de Oleiros elaboraron un informe jurídico en el que manifestaban que para poder aceptar la donación los titulares debían ultimar la aceptación de la herencia. En agosto, Ángel García Seoane firmó el decreto municipal para ello y una vez esto se produjese el Ayuntamiento aceptaría la cesión, ante notario.

Fue el 2 de diciembre de 2020 cuando el regidor dictó un decreto que aceptaba la donación, incorporando la Casa Carnicero al catálogo de bienes municipales, un acuerdo que se elevó a escritura pública el 17 de diciembre de 2020.

La Fiscalía indica que la "irregular actuación de los acusados" empezó a raíz de que el 16 de julio de 2020 la Casa Carnicero sufriese un gran incendio. "El arquitecto municipal, al día siguiente,  realizó una visita de inspección y redactó un primer informe fechado el 20 de julio de 2020 en el que describía los graves daños sufridos en el edificio e hizo constar que resultaba urgente: el apuntalamiento de las fachadas mediante andamiaje estructural, colocar una red de fachada que contuviera los pequeños escombros que cayeran a la vía pública y vallar el contorno de la vivienda y de la acera situada en el frente".

El 27 de julio emitió un nuevo informe para iniciar la declaración de ruina económica y técnica. "Mencionaba expresamente que la demolición del inmueble (que él mismo recomendaba) debía obtener la autorización de la Consellería competente en materia de patrimonio cultural, sin que la declaración de ruina vinculara a la Consellería para autorizar la demolición", señala la Fiscalía. Un informe de urbanismo refrendó este hecho, citando que la demolición "solo sería posible si se autorizaba por la Consellería competente en materia de patrimonio, pues la demolición total o parcial, sin la autorización sectorial en materia de patrimonio cultural, constituiría una infracción muy grave".

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizó en agosto las obras de urgencia para la rehabilitación de la Casa Carnicero, una resolución notificada al Ayuntamiento, que "nada hizo", señala la Fiscalía, "en favor del mantenimiento del edificio": "Desde el Ayuntamiento, nada más se informó ni se notificó a la Consellería competente hasta el 30 de diciembre de 2020. Entre tanto, se dejó pasar el tiempo mientras la construcción seguía su lógico y previsible proceso de degradación".

Tras una nueva visita el 28 de diciembre de 2020, el arquitecto municipal elaboró un informe en el que señalaba el grave riesgo de derrumbe. Al día siguiente un informe jurídico que partía de su dictamen proponía declarar la ruina del edificio y notificarlo a Patrimonio, a la secretaria xeral del Concello y al departamento de Obras municipal.

El 30 de diciembre el mismo arquitecto firmó otro informe sobre la Casa Carnicero en el que se "limita a hacer una descripción física de la situación". El mismo día, el alcalde de Oleiros, "consciente de que era precisa una autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio de la que no disponía y con el fin de dar apariencia de legalidad a su actuación, dictó un Decreto que notificó a la Administración autonómica a las 14.40 horas del miércoles 30 de diciembre de 2021, esto es, fuera de las horas de atención al público, víspera de un día inhábil administrativamente y de un puente festivo, de modo que la Dirección Xeral de Patrimonio no tuvo conocimiento real del citado Decreto, tal como ya preveía el acusado, y, por tanto, la Administración Autonómica no pudo reaccionar requiriendo al Concello para que revocara su resolución".

En él, Ángel García Seoane, "a sabiendas de la ilicitud de sus disposiciones" resolvió iniciar el expediente de demolición, encargar la obra, notificar a Patrimonio para que se pronunciase en 24 horas, nombrar al arquitecto municipal responsable de la obra y notificar al departamento de Obras para que iniciase los trabajos.

Señala la Fiscalía que Seoane "era plenamente consciente de que el plazo de 24 horas que fijaba era arbitrario y convertía en papel mojado las facultades que la ley atribuía a la Dirección Xeral de Patrimonio respecto a un bien catalogado".

El 31 de diciembre, el arquitecto, "consciente de que procedía a ejecutar una resolución irregular" empezó a elaborar un informe en el que constataba la caída de cascotes en la acera y la carretera. Esto fue a las 10.46 horas y a las 15.00 comenzó a dirigir la demolición.

"Actualmente el Servicio de Patrimonio Cultural considera que al no haber sido desmontado sino derrumbado el edificio se causó un daño irreversible, haciendo irrecuperable el edificio con los valores que tenía y que motivaron su catalogación", asegura el escrito de calificación.

Por todo ello, la Fiscalía pide que se declare al alcalde y al arquitecto municipal culpables de un delito contra el patrimonio histórico, en el caso García Seoane como autor y en el del funcionario, como cooperador necesario. Para ellos pide un año tres meses de prisión, 18 meses de multa a razón de 50 euros diarios e inhabilitación por 12 años para ejercer cargos o profesiones en la Administración pública.

Además, les solicita que indemnicen al Ayuntamiento de Oleiros por el coste de la rehabilitación del edificio, teniendo en cuenta la pérdida de valor histórico y artístico, además de pagar el coste del derribo, que ascendió a 8.859,16 euros.