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martes | 30 abril | 2024
La ley ómnibus, proyecto estrella del ejecutivo de Javier Milei, comenzará su discusión en la cámara baja la próxima semana, después de que algunos desacuerdos entre el oficialismo y parte de la oposición que respalda varias de esas medidas impidiese iniciarla este jueves, como pretendía el Gobierno.
Al tiempo, en el Senado, el bloque peronista pidió una sesión especial el 1 de febrero próximo para "rechazar" el megadecreto de necesidad y urgencia (DNU), que ya está vigente desde el 29 de diciembre pasado, pero con el capítulo laboral suspendido por la Justicia.
La Libertad Avanza, el partido de ultraderecha de Milei, está en minoría en las dos cámaras del Congreso argentino, pese a lo cual logró el dictamen en el plenario de comisiones de Diputados para avanzar en el trámite legislativo y que su proyecto de ley siga su curso en el Congreso.
"Siempre es complejo tratar una ley que abarca tantos aspectos de la realidad del país", dijo este jueves a Radio Rivadavia el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien destacó que el Ejecutivo estuvo "acercando posiciones" y ha "corregido" algunas iniciativas en diálogo con la oposición y los gobernadores.
El proyecto de Ley sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida popularmente como 'ley ómnibus', implica una amplia reforma del Estado que pretende desregular la economía, limitar la intervención estatal y lograr el equilibrio fiscal.
Este texto obtuvo un dictamen de mayoría el miércoles por la madrugada, pero con disidencias parciales presentadas por los diputados opositores que dialogan con el Gobierno.
Respecto al DNU, los senadores peronistas buscan derogarlo, ya que, para que deje de tener vigencia, debe ser rechazado por las dos cámaras legislativas. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna.
Francos defendió al ministro de Economía, Luis Caputo, quien advirtió en redes sociales sobre las consecuencias que tendría para las provincias no aprobar la ley enviada por Milei al Congreso, lo que sentó mal a los gobernadores, que se sintieron amenazados.
"El déficit cero no se negocia", afirmó Caputo en la red social X, donde advirtió que, "si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas" en el proyecto de ley, "el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias".
Caputo agregó que ya está evaluando "las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", y aclaró que "no es una amenaza", sino "la confirmación" de que el gobierno del presidente ultraliberal argentino va "a cumplir con el mandato" de la mayoría de los argentinos "de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico".
Los temas que generan más diferencias con los opositores son los derechos de exportación y la fórmula de actualización de las jubilaciones, dos medidas que son clave para lograr el equilibrio fiscal que pretende.
"Todos los acuerdos a los que se ha llegado con los bloques del dictamen de mayoría contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el Gobierno en función de lo que pretende de la situación económica en los próximos meses", aclaró Francos.
No obstante, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, insistió este jueves, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede de Gobierno), en que el ejecutivo de Milei "no negocia" esta ley.
El ministro del Interior afirmó que la intención del Ejecutivo es mantener los derechos de exportación definidos en el proyecto de ley, pese a admitir que son "un mal gravamen", pero "es el lugar de donde hoy se pueden obtener recursos para equilibrar la economía".
El gobierno de Milei prorrogó las sesiones extraordinarias parlamentarias hasta el 15 de febrero, lo que supone más tiempo para conseguir la aprobación del proyecto de ley.
