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martes | 30 abril | 2024
La Xunta pide ampliar “como mínimo un mes más” el plazo para tramitar las ayudas de la nueva Política Agraria Común (PAC), además de “flexibilizar” requisitos medioambientales que deben cumplir las explotaciones, en un contexto de aumento de los costes de producción. Los beneficiarios potenciales de estas subvenciones en la comunidad gallega son en torno a 25.000.
Antes de reunirse con organizaciones agrarias, este lunes, el conselleiro de Medio Rural, José González, ha afirmado además que el Gobierno gallego se mantendrá “vigilante” ante la evolución de los precios de la leche, después de la subida del valor en origen experimentada en los últimos tiempos.
En declaraciones a los medios de comunicación antes del encuentro, tanto el titular de Medio Rural como el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, han instado al Gobierno central a “simplificar” el proceso para pedir las ayudas, para “garantizar el acceso a las aportaciones” por parte de los ganaderos y agricultores gallegos.
La convocatoria de este año, el primero del nuevo periodo de la PAC 2023-2027, supone en Galicia un presupuesto superior al de otros ejercicios, con 217 millones de euros.
Sin embargo, la consellería advierte de que las aplicaciones que deben emplear los solicitantes para la tramitación telemática no está “funcionando como debería”, lo que dificulta la entrada de datos.
Asimismo, “mientras que normalmente la orden que gestiona la PAC se publica el 1 de febrero”, este año la Comunidad gallega lo hizo “en marzo por las dificultades de redacción de normativas totalmente novedosas”.
“Si se comprime el plazo y no nos amplían el plazo posterior podemos tener dificultades en la tramitación”, ha advertido José González.
“Tendemos la mano para colaborar las dos administraciones, la autonómica y la estatal, pero necesitamos que el Gobierno, que tiene la representación ante Europa, defienda esa flexibilidad”, ha incidido.
En este momento, según ha informado el director xeral, “hay capturas, muy pocas capturas” y “solicitudes propiamente dichas, ninguna”, si bien “tradicionalmente el grueso de las solicitudes se hace en los últimos días, es costumbre”.
José González ha criticado que “el Gobierno central trasladó, porque así se decía desde Europa, que se avanzaba en simplificación”, pero por el contrario “se están viendo más trámites y dificultades e imposibilidad de llegar en plazo al cumplimiento de los requisitos formales”.
La oferta de colaboración con el Ejecutivo estatal ya se trasladó, según ha indicado, en una reunión la semana pasada en Madrid. “Tenemos un año complicado”, ha incidido.
Por otra parte, sobre el precio de la leche, y ante la negociación de contratos “estos días”, ha reiterado la demanda de “estabilidad en el entorno” del valor alcanzado en enero de este año (58 céntimos por litro), para “garantizar la viabilidad a medio plazo” de las granjas.
La Xunta, junto a las organizaciones agrarias, “va a estar vigilante” para “que se cumplan” los compromisos en este ámbito, en colaboración con los inspectores tanto estatales como autonómicos.
En un comunicado de prensa, Unións Agrarias (UU.AA.) indica que trasladó al conselleiro “la necesidad de actuar con celeridad y contundencia contra el nuevo cartel de la leche”, que, asegura, “está tomando forma de la mano de muchas de las empresas de recogida y transformación láctea de Galicia”.
“Todas las propuestas de renovación de contratos que están llegando a las ganaderías sospechosamente se mueven en el mismo margen de precios, lo que demuestra que, como ya hicieron en el pasado, de nuevo las industrias están actuando de forma ilícita por forzar una bajada generalizada en las cotizaciones lácteas”, afirma su secretario xeral, Roberto García.
Sobre la nueva PAC, UU.AA., que coincide en la necesidad de simplificar trámites, explica que una de las obligaciones que establece es la de que cada agricultor llene un cuaderno digital de explotación.
Según la normativa actual, apunta, esta obligatoriedad entrará en vigor el 1 de septiembre de este año para los agricultores que dispongan de más de 30 hectáreas de cultivo o de pastos o más de 10 hectáreas de cultivos permanentes. En el caso de los que dispongan de menos hectáreas, lo hará más tarde: el 1 de julio de 2024.
