El Parlamento de Galicia aprobó este martes un proyecto de ley para reducir la temporalidad en el empleo público, como consecuencia de la reciente adopción de otra similar por parte del Gobierno central a consecuencia de decisiones judiciales de la Unión Europea.
El texto fue votado por los diputados del PPdeG que tienen mayoría en la Cámara autonómica, con el respaldado de los del PSdeG, mientras los del BNG se abstuvieron, tras un debate en una sesión plenaria cargada de reproches sobre los conflictos para renovar los órganos del poder judicial y otros asuntos.
El diputado del Partido Popular de Galicia Alberto Pazos calificó el texto de “útil, equilibrado y necesario” y aseguró que Galicia tiene “la tasa de temporalidad más baja de España” mientras exhibió un gráfico ilustrativo de esas cifras y ofreció datos aleatorios de algunos municipios gobernados por PSdeG y BNG.
Pazos llegó incluso a reprochar que los partidos de oposición recurran a “falacias” o pretendan “liar” datos para acusar a su formación, el PPdeG, de “ir en contra de la estabilidad laboral”.
El diputado del BNG Iago Tabarés señaló que la legislación que aporta el PPdeG no obedece a una voluntad de regular la situación de miles de trabajadores públicos en situación de precariedad contractual y laboral, sino a decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España, que transpuso una directiva con veinte años de retraso.
Tabarés calificó el texto de “carente de ambición” y de limitarse a ser una “reproducción de la normativa estatal”, y reprochó al PPdeG y al PSdeG que en lugar de pretender “colgarse medallas”, deberían “pedir disculpas” a los trabajadores del servicios públicos que durante años encadenaron contratos temporales precarios y “abusos en fraude de ley”.
Los gobiernos gallegos del PPdeG liderados por Alberto Núñez Feijóo “multiplicaron la temporalidad”, dijo por su parte el diputado socialista Gonzalo Caballero, quien apuntó que eso no solo afecta a los empleados de la Xunta, sino de otras instituciones.
Caballero afirmó que la Xunta y el PPdeG solo actuaron ahora con un texto emanado de un dictamen de una comisión legislativa “arrastrados por la legislación estatal”. Pusieron primero la “zancadilla” a la normativa del Gobierno y ahora están “a remolque, intentando ponerse medallas”, aseguró.
