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UP plantea intervenir los precios en la alimentación y en los transportes

Irene Montero e Ione Belarra conversan con Félix Bolaños en el Congreso | aec

Podemos considera que el Gobierno debería plantearse medidas de intervención de los precios en sectores en los que se detecten maniobras especulativas aprovechando el aumento de la inflación, igual que se hizo con el gas natural. En concreto, el coportavoz del partido morado Javier Sánchez Serna cita los transportes o la alimentación.


El dirigente de Podemos señala que, gracias a medidas del Gobierno como el tope al gas, en las últimas semanas bajaron los precios de la electricidad y de los combustibles, pero la inflación sigue subiendo.

 

Aprovecharse de la inflación
Por ello, cree que “quizá el Gobierno tenga que ver si hay otros sectores económicos que están aprovechando la subida de la inflación para encarecer sus productos”. “Y, llegado el caso, si se ve que hay prácticas especuladoras, por supuesto habrá que tomar medidas de control de precios en otros ámbitos”, afirmó, apuntando en concreto a la alimentación o los transportes.


A su juicio, España vive “una situación en la que todo el mundo tiene que aportar y no se pueden consentir prácticas especuladoras”. “Esta situación no la tiene que pagar la gente ni los trabajadores y el gobierno debe seguir atento”, apostilló.


Según asegura Javier Sánchez Serna, Unidas Podemos ya está perfilando sus propuestas para la negociación de los próximos Presupuestos Generales. La formación morada cree que el presidente Pedro Sánchez marcó un “cambio de rumbo” en el reciente Debate del estado de la Nación y ahora debe concretarse con unos PGE “de marcado carácter social”.


Por ello, exigirán el cheque de cien euros mensuales para criar cada hijo al cargo, un aumento de 600 millones de euros para dependencia y la reforma fiscal “para que los que más tienen paguen lo que les toca.

 

Prohibir los desahucios
También reclamarán que se conviertan en estructurales algunas de las medidas sociales que se adoptaron por la situación extraordinaria de pandemia o la crisis, como la prohibición de los desahucios o el impuesta a la banca y a las eléctricas, y no descartan incluso otras propuestas como la gratuidad de los productos menstruales que empezó a aplicar Escocia o la prórroga de las ayudas a la gasolina.


Y, en paralelo a los Presupuestos, Podemos emplazará al PSOE a desbloquear la ley de vivienda para, además de prohibir por ley los desahucios sin alternativa habitacional, garantizar que las viviendas de la Sareb puedan ser puestas a disposición de las comunidades con el fin de crear un gran parque de vivienda social.

 

Subida del SMI
En cuanto a la subida del salario mínimo, Unidas Podemos se alinea con los planes del Ministerio de Trabajo porque considera que el SMI “ya es una bandera que permite a la gente identificar un gobierno de coalición progresista que ha protegido a la gente”.


En este punto no espera conflicto con el PSOE: “En un momento de inflación, la gente progresista ve lógica que se suba el salario mínimo para que esa inflación no la paguen los de siempre –opina–. Tenemos que cumplir la carta social europea y que se alcance un SMI que sea el 60% del salario medio y eso implica volver a subirlo, algo que parece que el socio va aceptando”.


El diputado y coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna lanzó un aviso a sus socios de Gobierno sobre la Ley de Información Clasificada subrayando que, si no se rebaja ese plazo de cincuenta años para mantener bajo secreto determinados documentos, “no va a haber ley” por falta de apoyos.

 

Volver a defraudar
El anteproyecto de ley, presentado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, fue aprobado por el Gobierno a principios de agosto y recibió críticas de Unidas Podemos y de buena parte de los aliados parlamentarios por mantener la posibilidad de mantener información clasificada durante 50 años.


Sánchez Serna pidió a los socialistas que “escuchen” tanto al grupo confederal como al bloque de investidura y tengan “la valentía” de bajar ese listón. En ese sentido, reafirmó la propuesta de Unidas Podemos de fijar un plazo máximo de veinte años, prorrogables por otros diez.


Explicó que si el PSOE no con sigue convencer a sus aliados, la ley no saldrá adelante en el Congreso y los socialistas “volverán a defraudar” y habrán incumplido “otro de los compromisos” del Gobierno.


Ante la posibilidad de que el PSOE opte por buscar un pacto con el PP para sacar adelante la nueva Ley de Secretos Oficiales, el dirigente de Podemos lo desaconsejó porque sería “inexplicable”, confundiría a los votantes de la izquierda y “podrían defraudar en un año clave”, como es el año previo a las elecciones municipales y autonómicas.

 

Un tema sensible
A su juicio, el PSOE no podría sacar un tema “tan sensible y que tiene que ver con la esencia de nuestra democracia” de la mano de la “extrema derecha”. Además, sostiene que el PP solo ha trabajado para “romper la coalición” y votó en contra de decretos “muy importantes” como la ampliación del escudo social “que buscaba proteger a los trabajadores y familias”.


Por otro lado, y respecto de la reforma del delito de sedición que se imputó a los líderes del proceso independentista de 2017, el dirigente de Podemos no comparte la opinión del presidente Pedro Sánchez de que no hay una mayoría suficiente en el Congreso para acometer esta modificación del Código Penal. “Sí existe esa mayoría”, opina.


De hecho, trasladó que es algo que Unidas Podemos propuso desde el principio de la legislatura porque “es una reforma que podría facilitar el diálogo y que podría acercar de nuevo posiciones entre los gobiernos de España y de Cataluña”, valoró.


Por ello, insiste en que “las mayorías existen” y que esa reforma es necesaria para evitar en adelante esa “judicialización de la política que ha empañado las relaciones y el entendimiento entre la política y Cataluña”. “Abogamos por seguir con ese diálogo y con esa posibilidad”, sentenció Sánchez Serna. 


Esta visión choca con la del secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, que no dudó en calificar de “obscena” una eventual reforma del delito de sedición y confió en que no se articule una mayoría suficiente para aprobar esta reforma, que ERC defiende y que los socialistas descartan impulsar por ahora argumentando precisamente que no existe una mayoría suficiente para sacarla adelante.

 

Acuerdos irrealizables
“Determinados acuerdos de la mesa de negociación son prácticamente irrealizables, incluso obscenos. Pensar en una reforma del delito de sedición para propiciar que unas personas que han decidido huir de la justicia puedan volver me parece obsceno”, aseguró.


Considera que una reforma de este delito implicaría un reconocimiento de que se cometió, y confió en que “no haya mayorías suficientes y que Pedro Sánchez incumpla una vez más sus compromisos”, tras lo que tachó de absurdo plantear que un gobierno o partido renuncie a la vía judicial si considera que se vulneraron derechos de los ciudadanos.


Aseguró que “la mesa de negociación no es más que una mesa de intereses compartidos” del Gobierno de Pedro Sánchez y de ERC: cree que a ERC le interesa especialmente por la situación de Junts, que no ha participado en la mesa, y que Sánchez la enmarca en acciones para cohesionar a su mayoría de investidura tras unas elecciones andaluzas con mayoría absoluta del PP.

 

Suspensión de Borrás
Sobre la suspensión de la líder de Junts, Laura Borrás, como presidenta del Parlament, insistió en pedir que renuncie al cargo para que se la pueda sustituir: “Debería haberse apartado y haberse dedicado a su defensa y a demostrar su inocencia, pero no implicar a la Presidencia de la segunda institución de Cataluña en una situación que no beneficia a nadie”.


Sostuvo que la política catalana pasó de estar marcada por una “batalla entre independentistas y no independentistas que después se redujo a una batalla entre los independentistas de ERC, Junts y la CUP, a una batalla que da la impresión que se ha quedado reducida entre los independentistas de Junts, que se pelean entre ellos mismos”.


Considera que hay discrepancias dentro de Junts también sobre su continuidad en el Govern aunque vaticinó que el partido no saldrá del Ejecutivo de Pere Aragonés, tras lo que criticó el papel de los socialistas liderados por Salvador Illa: “Estarían encantados de gobernar con Aragonés. Los que dicen ser la alternativa, en realidad son el principal apoyo de ERC”.


Al ser preguntado sobre por si impulsarán cambios en el partido después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtiera de que es difícil gobernar sin crecer en Catalunya, replicó que “el cambio que debe haber en el PP de Cataluña es conseguir más apoyo electoral”, para lo que trabajan en incrementar su implantación territorial.


Teniendo en cuenta que las próximas citas electorales incluirán las municipales y generales y que las catalanas no están previstas hasta el próximo 2025, el partido decidió no convocar en noviembre el congreso del PP catalán. 

UP plantea intervenir los precios en la alimentación y en los transportes

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