El secretario general de Junts y exconseller de Presidencia, Jordi Turull, condenado a 12 años de prisión e inhabilitado hasta 2030 por el 1-O, ha pedido al Supremo ser amnistiado alegando que en su caso la ley es de "plena aplicación" porque no hubo "enriquecimiento personal" en la malversación.
Así lo afirma el abogado de Turull, Jordi Pina, en el escrito que ha interpuesto este martes, una vez ha entrado en vigor la ley de amnistía, ante la sala segunda del Tribunal Supremo, que en octubre de 2019 le condenó tras el juicio a la cúpula del 'procés' a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por sedición y malversación.
Los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del 'procés' comunicaron en mayo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma "excluye expresamente las malversaciones que impliquen un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial, que identifica con ánimo de lucro", y apuntaron también que ello "afecta a intereses financieros de la Unión Europea (UE)".
Por el contrario, Turull ve "imperativo" que se le amnistíe ya que entiende que la ley del olvido es de "plena aplicación" en su caso, por lo que reclama al Supremo que acuerde la extinción de su responsabilidad penal, que se le eliminen los antecedentes penales y que de forma inmediata se dé por finalizada la pena de inhabilitación, que tenía vigente hasta 2030.
Además, solicita que si el Supremo plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o lleva la ley de amnistía al Tribunal Constitucional (TC), la inhabilitación quede igualmente sin efecto hasta que se resuelvan estos recursos, para evitar alargar "innecesariamente" esta condena privándole de su derecho a acceso a cargos públicos.
En su escrito, la defensa de Turull sostiene que, una vez derogado el delito de sedición, su caso cuenta con un "pleno ajuste" a los requisitos que establece la ley de amnistía para que no se le aplique la condena por malversación, ante la "ausencia de enriquecimiento personal".
En este sentido, recuerda que el exministro de Hacienda durante la etapa del 1-O Cristóbal Montoro aseguró en el Congreso que no se había destinado ni un solo euro a la organización del 1-O y que además en su caso no se le imputaron disposiciones de fondos públicos que causaran un gasto material y efectivo, sino la "mera aprobación" de un gasto destinado al referéndum "sin que efectivamente se hubiera ejecutado su abono o liquidación".
Por este motivo, insiste que "difícilmente" podría hablarse en su caso de "enriquecimiento personal" o de ilícita disminución de caudales públicos.
Respecto del delito de desobediencia por el que fue también condenado en concurso con el de malversación -cuando se derogó el delito de sedición-, remarca que la propia ley contempla que deben ser amnistiados cuando fueron ejecutados para permitir la celebración de consultas populares.
